El Servicio de Salud de Valparaíso reconoció oficialmente que en el hospital siquiátrico El Salvador de Valparaíso se maltrataba a los pacientes usando terapias electro convulsivas (electroshock) sin anestesia. En pasado, porque se vieron obligados a parar luego de que su actuación se hiciera pública.
Sin embargo, el mérito de que todo esto se sepa no es gracias a la ministra de salud, María Begoña Yarza, quien inicialmente interpuso una denuncia por posibles torturas ante la justicia. No. No es su mérito, porque finamente amenazada por su gremio, el Colegio Médico, se desdijo vergonzosamente para salvar el pellejo.
La ministra terminó explicando públicamente lo que el gremio mafioso al que pertenece dio como explicación. En el hospital siquiátrico El Salvador de Valparaíso se vulnera la dignidad de las personas, se cometen actos aberrantes y en muchos casos, se tortura a los pacientes, porque los médicos y funcionarios de la salud no tienen recursos para tratarlos humana y dignamente.
Entre otras prácticas, recordemos, se denunció el uso de terapias de electroshock sin anestesia en contra de enfermos siquiátricos, muchos de ellos, menores de edad.
Fue finalmente gracias a la iniciativa judicial de un abogado, Esteban Elórtegui, que la investigación sobre lo que allí sucedía tuvo que continuar, tanto así, que el Comité Contra la Tortura se vio obligado a visitar el hospital para pronunciarse sobre las denuncias. Esta institución tampoco tuvo pudor y se quedó en el discurso oficial.
Fue a fines de junio que la Corporación La Matriz, a través del abogado Elórtegui, ingresó un recurso de protección por estas vulneraciones ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Como resultado de esta iniciativa, el Servicio de Salud de Valparaíso debió entregar al tribunal un informe sobre las situaciones denunciadas, en el cual, “si bien reconocen haber realizado terapias electroconvulsivas sin anestesia” también argumentan que no se cuenta con los recursos suficientes para mantener a un anestesista.
Además, y para parecer decentes, señalaron que tras la visita del Ministerio de Salud en marzo, ordenaron se detuvieran estas intervenciones por lo que “tomaron las medidas adecuadas para evitar una vulneración de derechos, de existir”.
También tuvo que remitir información la Seremi de Salud de la región. En su informe señala que se realizaron 90 procedimientos en estas inhumanas condiciones y a modo de cubrirse las espaldas, suponemos, señaló que el Hospital del Salvador “no adjuntó consentimientos informados de cada TEC realizada” y que “no existe evidencia” sobre si fueron efectivas en un 100%.