Las movilizaciones en los poblados de la comuna de Salamanca se declararon hace 15 días, luego de que se rompiera un ducto que traslada concentrado de cobre de la minera Los Pelambres al puerto de Los Vilos.
Si bien la empresa, propiedad de la familia Luksic, limpió el derrame, el daño ya estaba hecho. La empresa se movió con ayuda de los parlamentario de la zona y el delegado presidencial para desactivar el conflicto que ya llevaba dos semanas. Ayer se bajaron las localidades Coirón, Punta Nueva y Jorquera, pero el pueblo de Tranquila, sigue ahí.
Con el tono amenazador que caracteriza a “nuestros representantes” en el parlamento, señalaron que debe actuar la ley y aplicarse el Estado de Derecho y que estas situaciones no pueden repetirse.
¿Qué situaciones no pueden repetirse? Las movilizaciones, por supuesto, porque las empresas pueden seguir contaminando.
“Acá se debe aplicar el estado de derecho y cuando se corta un camino el gobierno tiene que garantizar el estado de derecho. Eso no lo están haciendo, ni la delegada provincial, ni el delegado presidencial, ni el Ministerio del Interior. Eso ha generado un perjuicio porque no basta sólo con el diálogo. Esto es independiente de las demandas que puede haber. Aquí hay que aplicar la ley y vemos un gobierno que desapareció”, afirmó diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida.
El senador DC Matías Walker también cortó el mismo paño. “Tiene que restablecerse el imperio del derecho y lograr que las distintas actividades productivas puedan funcionar, resguardando, obviamente, el medio ambiente y dándole certezas a las comunidades de que cuando hay daños al medio ambiente, la autoridad y la institucionalidad ambiental deben funcionar”.