La sentencia recayó sobre uno de los varios procesos que se siguen en contra de Jeanine Áñez, que saltó de segunda vicepresidenta del parlamento a la jefatura de Estado en medio del golpe en contra Evo Morales en 2019. Áñez está detenida desde 2020, cuando fue detenida por cargos de terrorismo y sedición.
Para el gobierno, el fallo “sienta un precedente para que nunca más se intente un golpe de Estado en Bolivia”.
Durante el juicio, Áñez había recurrido a tácticas dilatorias y había acusado que no podía asumir su defensa debido a problemas de salud. Examinaciones médicas, sin embargo, desestimaron esas alegaciones. “Así han tratado a una mujer, madre, expresidenta, inocente. Porque Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando, no los he cometido. Bolivia entera sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió en 2019”, señaló ante los jueces y agregó, en referencia a los grupos nacionales y extranjeros que promovieron el golpe: “tuve el gobierno, pero no el poder”.
Las evidencias vistas en el juicio, no obstante, muestran suficientes pruebas de su responsabilidad en el golpe.
Áñez enfrenta ahora los otros procesos, por hechos más graves que las transgresiones administrativas juzgadas en esta ocasión.
Entonces, la justicia deberá agregarle varias décadas más detrás de las rejas.