“Hoy visitamos a Cristian Cayupán y Francisco Hernández, ambos presos políticos de la R. Social recluidos en Cárcel Colina I. En ambos casos hubo omisión de pruebas y procesos judiciales irregulares. Esperamos que ambos obtengan el indulto que se ha solicitado. No les olvidamos”, informó a través de redes sociales la senadora.
“La detención irregular de Francisco fue efectuada en dic. 2019 por personal de Carabineros del grupo de Intramarchas. Las pésimas condiciones carcelarias han afectado su salud e integridad. Su familia ha llevado el caso hasta la Corte Interamericana de DDHH”.
“En el caso de Cristian C. quien en marzo de este año fue sentenciado injustamente. En el peritaje de la PDI se omite una cantidad importante de pruebas, entre ellas, las balas disparadas desde el funcionario PDI que impactaron a la funcionaria de PDI y a Cayupan. A Cristian le significó la pérdida de un riñón, parte del bazo e hígado. Además el traslado desde el hospital a la cárcel antes del postoperatorio, generó un deterioro comprometido a la salud de Cristian”
“Creemos en su inocencia, lucharemos hasta que ellos salgan libres” les dijo la senadora a los muchachos.
Cristian, de 29 años, está preso desde el 20 de octubre de 2019 y fue imputado por homicidio frustrado de una funcionaria de la PDI. El 10 de marzo de 2021 fue condenado a 15 años de prisión.
La justicia no consideró que Cristian se encontraba estacionado cuando se encontró en un fuego cruzado de la PDI con civiles, y al tratar de escapar, atropelló a una funcionaria de la policía de investigaciones.
En tanto, Francisco Hernández, de 22 años, fue acusado de lanzar bombas molotov contra los pacos en Plaza Dignidad, en diciembre de 2019. En el juicio, los pacos mostraron videos en los que a través de un seguimiento acreditaron que Francisco lanzó las bombas molotov en cinco oportunidades. A él le dieron 5 años de cárcel.
Francisco es el primer condenado en el marco del levantamiento popular. Fue víctima la una irregular operación encubierta de los pacos llamada, “los intramarchas”.
La familia de Francisco acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, según ha señalado su familia “judicialmente en Chile, no hay nada que se pueda hacer”. Están solicitando que el jóven pueda cumplir una pena mixta pero el proceso para que esta solicitud avance, ha sido torpedeada activamente por Gendarmería.
La senadora Campillai está exigiendo que se reevalúen estos casos y se aplique un debido proceso. «Hoy estamos viendo el indulto conmutativo, el cual sería la libertad para nuestros jóvenes. Además estamos trabajando en la mesa de reparación. Aún no está lista pero sin dudas queremos que ellos sean parte de esa mesa”.
La senadora se refiere a la Ley de Indulto General Conmutativo que comenzó a regir en 2020 en el contexto de la pandemia. Esto es, que bajo ciertos requisito, el saldo de las penas de cárcel se pueda conmutar por el de reclusión domiciliaria total.
“Nuestros compañeros Francisco y Cristian lo único que quieren es salir y estar en sus casas, estar con sus familias. Los padres de Cristian son adultos mayores y no pueden venir a verlo. El padre de Francisco está enfermo de cáncer. Lo único que quieren es estar con ellos para poder cuidarlos. Piden el indulto al Presidente también” agregó la senadora.
Y finalizó con un llamado al poder judicial. “Pedimos al Poder Judicial que esté a la altura de nuestros compañeros porque ellos no son delincuentes, salieron a luchar un día por todos nosotros, por todo lo que se nos ha negado durante años y hoy son presos políticos.”
Fabiola Campillai no ha dejado solos a los presos políticos del levantamiento popular. Ha sido parte de su preocupación desde que asumió su cargo en el senado. En abril de este año también visitó en la cárcel de San Antonio a Jordano Santander, de 24 años, condenado a 7 años de cárcel por homicidio frustrado luego de que un funcionario de la PDI acusara que durante su detención “vio un ánimo homicida” en Jordano.
En la oportunidad, la senadora señaló claramente: “no hay pruebas concretas de tal intención o delito, de lesiones por parte de alguna supuesta víctima, ni otras declaraciones de testigos acordes a lo indicado por el funcionario de Investigaciones” y recordó que “sobre miembros de la policía civil pesan dos querellas en su contra por torturar a Jordano y a otros detenidos durante los días en que fueron apresados en el cuartel de la PDI”.