Hace una semana supimos que la ex subsecretaria de derechos humanos de Bachelet y actual diputada oficialista, Lorena Fríes habría ocultado activamente unas 12 mil carpetas que recogieron testimonios de unos 6 mil ex conscriptos durante la dictadura de Pinochet.
Fríes no solo le escondió la información a la justicia, a los abogados de derechos humanos y a las familias de las víctimas de los crímenes de Estado, sino que además se preocupó de redactar -antes de dejar su cargo- un documento “oficial” en el que soslayaba la sustancial información.
Las carpetas enviadas a perderse en el olvido de los días contienen información vital para los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. Los testimonios contenidos en ellas, fueron resultado de una “mesa de trabajo” de la agrupación de ex conscriptos con la Subsecretaria con objeto de solicitar reparación como víctimas de la dictadura.
Pero ese es otro cantar. Fríes se fue del gobierno cubriéndose las espaldas. Pero ya hemos dicho que antes se pilla a un mentiroso que aun ladrón y la mierda siempre flota. Y de lo que hizo Fríes ya estamos todos enterados.
Pero hoy, hoy tenemos que oler más mierda. Este pozo parece no tener fondo. La Red publicó hoy que Mauro Torres, jefe de la Unidad Programa de Derechos Humanos (UPDH) y asesor de Oberreuter, fue despedido este martes recién pasado porque habría alertado a las juezas especiales Paola Plaza y Marianela Cifuentes, del contenido de dichas carpetas.
“Una deslealtad” habría sido el argumento de Oberreuter para justificar el despido del funcionario de “impecable” hoja de vida en la institución. Pero la mierda no llega ahí.
Según la investigación del periodista Luis Narváez para La Red, la actual subsecretaria de Derechos Humanos, habría movido mar y tierra para evitar a toda costa que esa carpetas fueran enviadas a la justicia. Las carpetas fueron solicitadas oficialmente el 10 de mayo. No hubo respuestas. El día 27 tuvo que actuar un ministro en visita – Guillermo de la Barra- para que se procediera a la entrega.
En el intertanto, Oberreuter habría gestionado con el Archivo Nacional para que se los llevaran. Desde allí les dijeron que tenían que chequear el estado del material, clasificar, etc. etc. y que eso demoraría meses. Pero Oberreuter estaba apurada. Había que deshacerse de la papa caliente.
“Finalmente, el viernes 27, en virtud de la orden de tres tribunales distintos, el ministro en visita Guillermo de la Barra se encargó personalmente de supervisar el sellado de 44 cajas que contienen casi 12 mil carpetas de conscriptos. Aun así, indican las fuentes, había asesores de la subsecretaria que insistían en que se debía hacer un trabajo previo con las carpetas antes de ser llevadas a tribunales. El ministro De la Barra, más enfático y al borde de perder la paciencia, ordenó el traslado de la documentación, cuenta el reportaje de Narváez.
Aún queda por escuchar explicaciones, aunque ha preferido guardar silencio el Presidente de la República, la Ministra de Justicia, la ahora diputada Lorena Fríes y la actual subsecretaria de Derechos Humanos.