No lo pasaron bien en la cárcel. Cumplieron dos años en Santiago I, mientras la causa judicial avanzaba a paso de tortuga, impulsada sólo por las mentiras de Carabineros. Como a muchos, les costó resistir tanta injusticia.
Espinoza y Rojas habían sido acusados de fabricar y lanzar artefactos incendiarios los días 12 y 14 de noviembre de 2019, en las cercanías de Plaza Dignidad. La fiscalía incluso quiso culparlos del incendio en un edificio, el hotel Principado de Asturias.
Su caso, sin embargo, se volvió emblemático. La causa la había armado un grupo de Carabineros que se vino a conocer como “intra-marchas”. En el juicio se reveló que se trata de un dispositivo habitual, ya desde antes del 18 de octubre, para infiltrar manifestaciones y “cazar”, en palabras de los oficiales de Carabineros, a personas.
Obligados a revelar sus métodos, la acusación pronto hizo agua. Todos los testigos de cargo eran carabineros, pero, supuestamente, no se conocían entre sí, pese a que estaban el mismo lugar, en la misma hora y en la misma tarea.
Contaban con abundante material audiovisual, pero que no coincidía con sus descripciones de los hechos. Justo en los momentos clave para acreditar la veracidad de sus dichos, los policías habían dejado de grabar.
Lo que fue quedando claro es que las pruebas que aportaban, inculpaban a los policías más que a los acusados. Quedó en evidencia su papel de provocadores. E, incluso, se abre la sospecha de quiénes fueron los causantes de grandes incendios en inmuebles del sector de Plaza Dignidad: siempre estuvieron en medio de los hechos, pero nunca detuvieron a los autores.
Benjamín y Matías fueron condenados en un primer juicio, en que los jueces avalaron todas las irregularidades, contradicciones e ilegalidades patentes de las actuaciones de la policía. Sólo después de recurrir a la Corte de Apelaciones se inició un nuevo juicio, en que ahora, finalmente, se reconoce la falsedad y la ilegalidad de las pruebas incriminatorias.
Este caso demuestra, una vez más, que en Chile sí existen presos políticos. Jóvenes apresados por los órganos represivos y que son mantenidos en la cárcel como castigo por haber participado de las luchas populares.
Las conclusiones de este proceso han de hacer meditar a las autoridades políticas actuales. Si continúan respaldando estos métodos y protegiendo a los operadores directos de la represión, también se hacen responsables de un crimen de Estado.