Algo ya quedó claro con este gobierno: no le gustan ni los estudiantes ni los mapuches ni, en general, los trabajadores. Si es que reclaman sus derechos, eso es.
Si están tranquilitos o, mejor, les celebran las salidas al personal gobernante, está todo bien. Pero si no agachan el moño: palos.
Su gobierno decidió mantener la querella criminal presentada por Piraña, la Intendencia de Valparaíso y el empresario Von Appen, contra 12 dirigentes portuarios acusados de “desórdenes públicos” tras el paro de 35 días de los estibadores eventuales en noviembre y diciembre de 2018.
La movilización comenzó el 16 de noviembre de 2018 debido a la baja en la cantidad de turnos de trabajo. Los reclamos apuntaban a las precarias condiciones laborales y a la ausencia de legislación que garantizara los mismos derechos de cualquier otro trabajador.
El 18 de noviembre a 48 horas de iniciadas las movilizaciones, los trabajadores portuarios de base auto convocados, desobedientes de los altos dirigentes titulares, anunciaron que el paro sería indefinido hasta que las empresas TPS y TCVAL se sentaran a la mesa a conversar las demandas de los petitorios. Los portuarios de Valparaíso sumaron apoyo de la Unión Portuaria del Biobío y de otros puertos del país.
Bajo el lema de “Si no hay Navidad para los portuarios, no hay año nuevo en Valpo“ los estibadores sostuvieron la movilización a pesar de todas las instancias en que los patrones con migajas quisieron bajarla.
Y a pesar de que la movilización fue considerada por el gobierno de Piraña como un «conflicto entre privados», terminó involucrándose: llamó a las partes a la “madurez, el diálogo y el sentido común” y señaló que se había acabado “el tiempo de las intransigencias”.
El gobierno ofreció, para bajar el paro, un bono de hasta $1.370.000, avances legislativos y capacitación en materias de seguridad. Von Appen no se apuró en señalar que la oferta era un regalo y que cortaran el leseo.
Pero los trabajadores no depusieron la movilización. Luego de 35 días de aguante los trabajadores consiguieron torcerle la mano al gobierno y a la empresa. Consiguieron doblar la apuesta.
Según datos entregados por la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS) a la comisión para el Mercado Financiero, hacia mediados del mes de paro, habían perdido cerca de US$ 2 millones debido a la paralización.
Los trabajadores habían ganado en unidad y convicción.
Y, de hecho, así, aquel Año Nuevo en Valparaíso, se inició un 2019 en que todo el pueblo de Chile se lanzaría a la lucha, sólo diez meses después.
Hoy nos enteramos de que el gobierno plurinacional de Boric Font decidió perseverar en la persecución de los dirigentes estibadores a través de un escrito mandatado por su delegada presidencial en la región de Valparaíso, doña Sofía González Cortés.
Ella es ex dirigenta estudiantil, feminista y militante de un partido que se constituyó hace exactamente cien años, en 1922. Su fundador se llamaba Luis Emilio Recabarren y el nombre que le dieron entonces fue «comunista».