Rodeado de autoridades y ante una claque de funcionarios públicos que aplaudía todo lo que decía, Gabriel Boric defendió, en un acto en Alhué, su decisión de decretar estado de excepción en los territorios de la lucha mapuche.
Insistió en la mentira de que la militarización sería “acotada” a las carreteras. Boric adujo que, en determinadas localidades ahora bajo control de las Fuerzas Armadas, el kilo de pan costaba 5 mil pesos. Omitió la explicación de por qué el despliegue de carros Mowag y controles militares en las rutas podrían ser una herramienta eficaz en contra de las alzas.
Tampoco se refirió al hecho de que el estado de excepción fue impuesto como resultado directo de las concesiones realizados por el gobierno a los camioneros, que son los causantes de desabastecimiento con sus bloqueos impunes y protegidos por la policía.
Ratificó que su decisión no constituía una “derrota ideológica”, como sugirió un periodista, confirmando así que él, probablemente, carece de una ideología propia.
Recién más tarde, se supo que el gobierno sí había admitido una derrota, pero más específica: se vio obligado a sacar como jefe de zona en dos provincias de la octava región al vicealmirante Jorge Parga.
La decisión fue explicada como resultado de “nuestro respeto, siempre, con los derechos humanos”, en palabras de la vocera de gobierno, Camila Vallejo. La ministra señaló que para la determinación se tuvieron a la vista los “antecedentes expuestos por la familia de Manuel Rebolledo”, el joven poblador asesinado por un infante de marina, a quien Parga había dado público respaldo.
Esos antecedentes ya los conocía, de manera directa, el propio presidente de la República, que se había reunido, cuando aún estaba en campaña, con la familia Rebolledo Navarrete. No obstante, la ministra presentó la situación como si recién se hubiesen enterado de la información inculpatoria que, por lo demás, era de amplio conocimiento público.
No profundizó Vallejo en por qué el “respeto a los derechos humanos, siempre” no pudo manifestarse en el decreto de nombramiento original. Aludió veladamente al ministerio de Defensa, encabezado por Maya Fernández, al indicar que “hubo una lógica, al parecer, de continuidad respecto al último mando, de la última renovación. No se había advertido antes y, conocido el antecedente, se procedió a actuar”.
Sin embargo, la “continuidad del último mando” debió haber considerado, también, su ejercicio efectivo que en el caso de Parga incluye la responsabilidad por el asesinato del comunero mapuche Yordan Llempi el 21 de noviembre de 2021, un hecho en que infantes de marina dispararon indiscriminadamente en contra de automovilistas y pobladores, causando varios heridos.
La remoción de Parga es una noticia positiva, porque demuestra la fuerza que puede tener una familia tenaz e incansable como la de Manuel Rebolledo que cuenta con el apoyo de todo un pueblo que se reconoce en su lucha por la justicia.
En suma, el gobierno se metió con quien no debía.