Paulina Moya estaba sorprendida. La jueza del Sexto Juzgada de Garantía de Santiago interrumpió la intervención del fiscal para salir de su asombro: “¿dijo que va a pedir arresto domiciliario total?” “Así es”, respondió el aludido.
“Ya…”, exclamó la magistrada y, después de un breve silencio de desconcierto, agregó lo que sería lo obvio: “pensé que estaba pidiendo prisión preventiva”.
Pero no, no era obvio. De hecho, estaba ocurriendo algo extraordinario.
Ante la jueza había dos imputados, ciudadanos extranjeros, que eran los únicos detenidos por el ataque armado del anterior, en la manifestación del Primero de Mayo en Estación Central.
Posteriormente, le tocó el turno al abogado del Ministerio del Interior. La posición del gobierno era la misma de la fiscalía.
Pese a que eran extranjeros, y que la defensa “no había aportado antecedentes que acrediten su arraigo social”, según dijo la jueza, y que los delitos imputados tienen categoría de crimen y penas de cárcel, y pese, también, a que la fiscalía había consignado que los acusados habían recibido apoyo de un grupo organizado para deshacerse de los principales medios incriminatorios, las armas, se decretó que podían irse a sus casas y que, por favor, no salieran de allí, mientras durara la investigación.
La magistrada, consciente de que se estaba fraguando algo muy raro en su propio juzgado, quiso que quedara registro de su posición: “haciendo presente”, agregó a su resolución, “que el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa, como sería la prisión preventiva, si los intervinientes no lo han solicitado”.
Por si acaso, uno nunca sabe lo que puede pasar después.
En los mismos momentos en que se realizaba la audiencia, Francisca Sandoval, una periodista de Señal 3 de La Victoria, se debatía entre la vida y la muerte. Su situación sigue siendo de extrema gravedad.
Pero los dos detenidos nada tenían que ver con eso, ni con las lesiones sufridas por las otras víctimas, según la fiscalía. O, mejor dicho, no se sabe.
Habían sido presentados por Carabineros “como las dos personas sindicadas, y filmadas, cuando realizaban disparos al grupo de manifestantes”, según señalado, en un enrevesado castellano, el general Enrique Monrás.
Eso ya era una mentira, porque los que dispararon fueron muchos más de dos.
Las “filmaciones”, registros de cámaras de seguridad, sin embargo, sí eran elocuentes. Mostraban como los sujetos, parapetados detrás de un kiosko y la entrada de edificio, efectuaban numerosos disparos. El fiscal aclaró que estaban en calle Exposición y que los tiros iban en dirección hacia la Alameda, donde se realizaba la manifestación.
Identificarlos no era difícil. Uno usaba un jockey y llevaba una mochila con el enorme logo de la marca Nike. El otro andaba con una musculosa. Y fueron detenidos muy pronto, pasadas las 13 horas. No se habían cambiado de vestimenta, pero ¡ay! las armas ya no estaban. Los dos hombres se habían refugiado en medio de un grupo que participaba del ataque al acto del Primero de Mayo. Probablemente entonces se deshicieron de las pistolas que habían percutado.
¿Por qué no están presos?
Está claro que se trata de una decisión deliberada de la fiscalía y del gobierno. El fiscal García que intervino en la audiencia reconoció que están trabajando en conjunto. Eso no quita que hubiera ciertas descoordinaciones.
El abogado del Ministerio del Interior, que protegió a los dos sujetos de la cárcel, actuaba en virtud de una querella “en contra de quienes resulten responsables” por los delitos de daños graves y homicidio frustrado, entre otros.
Pero los dos hombres fueron imputados de infracciones -en todo caso, graves- a la ley de control de armas: tenencia ilegal de armas y disparo injustificado en la vía pública. Las pruebas muestran, sin embargo, que disparan en línea recta en una zona atestada de gente, no al aire, no en contra de unos tarritos para probar la puntería. Y la tenencia ilegal… ¿de qué? ¿Qué arma sería la ilegal, si no hay ninguna?
Los abogados defensores completaron la escenificación: sus clientes, en realidad, no dispararon a nada ni a nadie, sino que sólo hicieron ruido, con armas ¡de fogueo! Uno de los letrados, especialmente desvergonzado, incluso ofreció ¡entregarle! al tribunal la supuesta -y providencialmente exculpatoria- arma de juguete. ¡Listo! ¡Inocentes! ¡Qué fácil!
Ni a Alfred Hitchcock se le habría ocurrido una trama semejante de un crimen perfecto. Claro, en sus películas la policía y las autoridades investigan los crímenes, no los cometen ni los encubren.
Todo esto es un caso… “armado”, efectivamente. Está diseñado, desde un inicio, para que los imputados puedan zafar y, con ellos, los demás miembros del grupo armado. Ofrecen a unos como distracción mientras los otros quedan protegidos.
Si los disparos en contra de una multitud son meramente “injustificados”, y no el intento de herir y matar; si las armas ilegales ya no existen ni existirán, porque ya se han deshecho de ellas ¿qué otra cosa pretenden fiscalía y gobierno, sino una apariencia de investigación criminal y que los imputados salgan libres de polvo y paja, cuando sea el momento oportuno?
Así las cosas, preguntémonos de nuevo ¿por qué no quedaron presos estos dos hombres?
¿Por qué afanarse tanto en que queden libres incluso en esta etapa?
¿Para qué llamar la atención, con sus conductas judiciales insólitas, sobre un procedimiento, a todas luces, irregular?
La respuesta es escalofriante: para que no hablen.
Para que no revelen el montaje infame y burdo, cuyo objetivo es asegurar la impunidad de los grupos armadas que actuaron en contra de los manifestantes.
Los propios manifestantes registraron a numerosos agresores armados, especialmente las calles Meiggs y Exposición. Las imágenes se han difundido profusamente en redes sociales. Pero a estos detenidos, sin embargo, no los captó nadie, excepto las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso Carabineros. Por ejemplo, los autores de los disparos en contra Francisca Sandoval -es lo más probable- no provinieron de calle Exposición, donde se situaron los imputados, a la altura del número 24, sin ángulo hacia el sitio donde cayó la compañera, sino de calle Meiggs.
Y de los que dispararon en ese sector, pocos metros hacia el oriente, también hay grabaciones, pero no detenidos, no sospechosos, no imputados, pese a que varios de ellos han podido ser identificados fehacientemente.
¿Por qué ninguno de ellos está detenido? ¿Por qué uno se permite el lujo de dar entrevistas en televisión un día después y en el mismo lugar de los hechos? Ahí desliza, casi al pasar, la burda consigna de impunidad que inventaron los jefes de esta operación: si él sólo accionó un arma de fogueo. ¡Ah bien, señor comisario, el sospechoso aclaró todo!
Todo esto es tan grosero, tan imbécil, que este montaje de impunidad sólo se sostiene mediante maniobras de más arriba.
Y esas alturas son los mandos de Carabineros, la fiscalía, la justicia y el gobierno de Boric.
El presidente insistió este martes, al estilo de la dictadura, en la versión del “enfrentamiento”, expresado con esa insoportable condescendencia de la gente rica: “es desgarrador, pero este fue un acto de violencia entre gente con necesidades”.
“Entre gente con necesidades”. ¿No le queda a usted, señor, un mínimo de decencia?
“No podemos permitirlo, no podemos seguir así”, continuó. “Vamos a intensificar el control de armas, vamos a hacer una operación firme. Lo hemos conversado hoy en el comité policial y vamos a hacer una operación firme con prefecturas del barrio en cuestión”.
¡Pero “las prefecturas del barrio en cuestión” son las que orquestaron este armado en contra del pueblo, con un grupo de civiles especialmente dispuestos para esa tarea y a los que se les concede protección policial y cobertura política!
Usted, señor presidente, tiene la responsabilidad máxima de impedir estos crímenes de Estado, que se buscan encubrir y disfrazar, siguiendo un viejo método, con “enfrentamientos” entre particulares.
No sólo falla a esa responsabilidad, sino que, con sus dichos, se hace parte, de la ejecución de esta operación.
Usted no es distinto al que le precedió en el cargo. Su gobierno no es distinto al que repudiara durante los períodos de campaña electoral o de la “amenaza fascista” que evocaran, con su beneplácito, sus adherentes.
El terrorismo de Estado normalmente no deja pruebas de quiénes dieron las órdenes directas. Los máximos responsables se protegen detrás de un círculo de cómplices y una telaraña de subentendidos e insinuaciones, además de artificios exculpatorios.
Pero nada de eso ha sido hasta ahora un impedimento para que se haga justicia.
Téngalo usted en cuenta, señor Boric.