El ataque de grupos civiles en contra de la manifestación del Primero de Mayo en Estación Central fue realizado con tal desenfreno e impunidad, que su fondo sucio y oscuro fue manifiesto: la agresión fue coordinada y dirigida por Carabineros de Chile.
Ante la evidencia, el gobierno recurrió al truco burocrático más antiguo: una investigación “interna”. En otras palabras, los malhechores se investigarán a sí mismos. De esa forma, se permite una suerte de autorregulación de la impunidad. Si se puede, se echa tierra sobre todo el asunto y, en caso contrario, se sanciona al último de la fila, por -hay que decirlo así- huevón, y para proteger a los jefes.
La verdadera posición política del gobierno, sin embargo, quedó clarificada en las declaraciones del presidente Boric que dijo que “necesitamos recuperar la legitimidad de las policías y eso no se recupera solamente cortando cabezas cuando hay algún problema. Cuando sea necesario, lo vamos a hacer, que no les quepa duda, pero acá el trabajo es mucho más quirúrgico y de largo plazo que de machete”.
Su antecesor, Sebastián Piñera, sí juzgó necesario “cortar cabezas” y lo hizo de manera abundante. De hecho, no sólo echó al general director de la policía uniformada una vez asumido, sino que, en efecto, descabezó a todo el alto mando. Los resultados no fueron los esperados en cuanto a la “legitimidad”. En eso Boric tiene un punto.
Pero cómo atar la suerte política de su gobierno a los actuales jefes -responsables de muchos “problemas”, como Boric llama a los crímenes cometidos por Carabineros- pudiera ser una mejor idea, es algo que sólo él podrá responder.
Y parte de esa respuesta parece ser el afán de una reforma de Carabineros. Reforma que, al igual que los sumarios administrativos, la está elaborando la propia institución.
No. Carabineros de Chile debe ser disuelto.
Es cierto, se levantarán voces que clamarán que, si eso ocurre, quedaremos a merced de los delincuentes, de las mafias y del crimen organizado.
Quienes tienen esa preocupación quizás no se hayan enterado aún, pero la triste noticia es que ya estamos a merced de los delincuentes, y debido a la propia acción de las instituciones de seguridad.
Eso no comenzó ahora. Desde hace mucho tiempo, vemos la alianza en las poblaciones entre pacos y narcotraficantes que se protegen de sus contrincantes viviendo en los alrededores de las comisarías; vemos los servicios de protección a gasolineras y supermercados, que transforman a los funcionarios en guardias privados; los nexos de los mandos con la burguesía, que los invita a recepciones y reuniones sociales con el fin de corromperlos a través de posibles puestos laborales y prebendas en el futuro; la protección legal que le brinda el Estado a los pacos ante los maltratos y crímenes que cometen en contra de la población; la utilización de los pacos como policía política, por sobre la persecución de la delincuencia; el abuso y maltrato sistemático a los jóvenes cuando se manifiestan; etc.
Cualquiera de estos puntos, por sí solo, ameritaría una limpieza profunda. Todos juntos, obligan a cancelar a Carabineros.
No sólo debería irse su jefe máximo, sino todos los que lo siguen, hasta el último pelado. No todos son malos, por supuesto. Muchos podrán desempeñar una ocupación útil y no dañina para la sociedad: por ejemplo, de oficinistas, instructores en gimnasios, adiestradores de perros, choferes de micros o en la limpieza y cuidado del espacio público. Es decir, en empleos decentes y honorables.
No hay arreglo desde dentro, como se pretende con las supuestas reformas. Sólo reemplazarán a un ladrón por otro ladrón.
La reforma, en todo caso, ya está andando.
Pintaron las patrulleras blanco y negras de verde y blanco para que fueran más cercanas a las personas. Aumentaron el ingreso de mujeres, para darle un cariz menos violento a la institución. Cambiaron los uniformes antiguos por modelos más cómodos y más a la moda o los tienen andando en bicicleta y shorts.
Nada de eso ha funcionado. Las reformas van destinadas a cambiar lo externo, pero prevalece el meollo del problema: Carabineros es una fuerza destinada a reprimir a la población y a defender los intereses de sus amos, la burguesía.
Los casos “aislados” de vulneración de los derechos humanos siguen sumándose por acción u omisión: el adolescente que tiraron al Mapocho, los mutilados por disparos a los ojos, los detenidos con pruebas falsas, la represión a menores de edad, el asesinato racial contra mapuches, etc.
Al igual que en la dictadura militar, la represión se trasladó a las poblaciones y a las zonas rurales, donde operan con carros militares, tanquetas, carros Mowag y vehículos de transporte blindados hechos para la guerra. Todo esto alcanzó su clímax en la represión posterior al levantamiento popular del 2019.
¿Cómo reemplazar a esta institución corrupta por otra, que no lo sea?
No es complicado. Basta, de hecho, con la voluntad política de hacerlo.
Lo fundamental es que esa fuerza policiaca sirva al pueblo, que su único fin es proteger a las personas. Sería eso un aliciente poderoso para la legitimidad, la seguridad y el orden público. Puras cosas que cualquier gobierno debería valorar, porque que le quita un problema de encima.
Pero ni éste ni otro harán nada semejante.
Este tipo de gobiernos, que necesitan respaldarse de una fuerza represora que los ayude cuando tienen problemas políticos, nunca acabarán con su soporte policial o militar que sirva de contención contra la caída de su régimen.
La única manera que tiene la burguesía de seguir en el poder es demostrar que puede utilizar la fuerza militar o policial a su arbitrio para golpear al pueblo, matándolo si fuera necesario.
El único que puedo acabar con esta bazofia de instituciones es un pueblo que ha conquistado el poder. No hay otra manera.