No es primera vez que la policía ataca la manifestación del Primero de Mayo que se realiza en la Alameda, entre la Universidad de Santiago y la Estación Central. En años anteriores, Carabineros había disparado lacrimógenas apenas comenzado el acto convocado por distintas organizaciones sindicales, en oposición o de manera paralela al mitin de la CUT.
En esta ocasión, sin embargo, la acción represiva, destinada a impedir la realización del acto fue secundada por ataques armados de grupos civiles, apostados en las calles laterales, Exposición y Meiggs, que dispararon en contra de los manifestantes con armas cortas.
Al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas, la periodista de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, recibió un proyectil en el rostro.
Los hechos fueron registrados y divulgados profusamente en redes sociales. Las características físicas de los agresores pueden ser distinguidas claramente. Algunos, incluso, ya han sido identificados con nombre y apellido.
Carabineros informó de la detención de dos personas que, sin embargo, no corresponden a ninguno de los que fueron captados en aquellos registros. Se trata de un ciudadano venezolano y otro colombiano. La policía hizo público un video incriminatorio, al parecer tomado de una cámara de seguridad, en que se puede ver cómo esos sospechosos también realizan una serie de disparos, parapetados detrás de un kiosko y en la entrada de un edificio.
Esa rápida acción de la policía llama la atención, ya que estos dos detenidos se sumarían a, al menos, otras cinco personas grabadas o fotografiadas mientras atacaban la marcha y que no fueron molestados por el numeroso contingente de Carabineros presente en el lugar. Uno de ellos, incluso, se acercó a conversar con los uniformados. No tenía nada que temer.
La postura del gobierno también es sospechosa. La delegada presidencial de la Región Metropolitana anunció la presentación de “distintas querellas” e hizo votos para que estos hechos “no se vuelvan a repetir”.
Sin embargo, eso es, precisamente, lo que ocurrió este domingo. Se trata de la segunda vez en que marchas son atacadas por civiles de manera impune en ese lugar. El 25 de marzo, un grupo agredió a una manifestación de estudiantes secundarios. Un muchacho fue casi matado a palos por ellos.
En ambos casos, la coordinación entre estos grupos organizados y la policía es evidente y ha sido, incluso, documentada con imágenes que muestran cómo los presuntos cabecillas se coordinan con funcionarios uniformados.
Carabineros, ahora y entonces, creó una verdadera zona protegida para facilitar el ataque de los grupos civiles.
Se ha hablado de que se trataría de una reacción en contra de manifestaciones, marchas, y desórdenes realizada por comerciantes ambulantes -o no tan ambulantes- o de grupos criminales que poseen el control de la zona. También se dice que se trata de delincuentes que carecen de conciencia social.
Pero esta teoría omite el hecho central, el más importante.
Las bandas que manejan el comercio ambulante, los puestos callejeros y los locales en los centros comerciales adyacentes a la calle Meiggs y la Estación Central, ejercen ese dominio no por la fuerza o intimidación que pueden usar en contra de competidores y clientes (los que les arriendan los espacios), sino debido a un acuerdo que tienen con Carabineros y funcionarios municipales.
Esa dependencia de organismos estatales es lo que los convierte en parte del llamado crimen organizado.
Pero éste no abandona sus límites sin una orden u orientación expresa de quienes fijaron, en un inicio, esos límites de impunidad.
Dicho en otras palabras ¿qué criminal querría proteger y encubrir un negocio ilegal que se basa en un acto de corrupción relativamente menor, cometiendo asesinatos públicos, a mansalva e indiscriminados, que ponen toda la atención en sus manejos cotidianos? Ni siquiera se preocuparon de ocultar sus rostros.
La respuesta es sencilla: se les dijo que lo hicieran. Y se les aseguró impunidad.
Los actos de este domingo no son la acción de patos malos o narcos sin conciencia de clase.
Son operaciones, desembozadas y desvergonzadas, de guardias blancas, de -aún- improvisados paramilitares, que, al servicio de organismos estatales, buscan golpear a las movilizaciones populares y crear terror.
Todas las sospechas, toda la evidencia, todas las pruebas, apuntan a Carabineros de Chile.
El responsable de la policía es el gobierno.
Sin embargo, de manera cínica, se ha sumado al burdo encubrimiento de los crímenes.
Sus funcionarios han hablado genéricamente de “violencia”, como si se tratara de un acto espontáneo que hubiese brotado absurdamente de la nada, y no de una acción deliberada de los órganos del Estado que hicieron posible su comisión.
El propio presidente de la República declaró su “solidaridad con Francisca” y calificó de “inaceptables” los hechos acaecidos y abogó en contra de la “normalización de la violencia”.
Los responsables de la comisión de tan graves acontecimientos no debieran “solidarizar” con las víctimas, pues eso implicaría que tienen algo en común. Pero uno, tiene la obligación legal de abstenerse de usar el terrorismo de Estado en contra del pueblo, y la otra ha sido, vilmente, objeto de él. La solidaridad entre víctimas y victimarios es inconcebible. No. Lo único puede hacer el presidente es pedir perdón.