Con una abrumadora mayoría, 80 votos favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado aprobó este martes que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio queda reservado para el Estado mexicano.
Y la hicieron corta; todo muy chingón.
El primer paso para este triunfo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio el lunes, cuando en la Cámara de Diputados, en una votación express -2 horas con 15 minutos- 298 diputados oficialistas aprobaron la nacionalización. La oposición -196 diputados- huyó de la sala. Votaron abstención, desde sus celulares, en el pasillo del Congreso. No se atrevieron a más.
En el enorme país hermano del norte saben bien hacia dónde corren los vientos de los tiempos. Que las riquezas naturales deben ser propiedad de los pueblos, o al menos, quedar allí las ganancias.
La iniciativa fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma a la Ley Minera que declara “como de utilidad pública el litio y reserva para el Estado mexicano su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento”
Con esta reforma el mineral no podrá ser explotado por empresas extranjeras, pues ya no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su explotación.
México tiene uno de los mayores yacimientos de litio en el mundo. Pero López Obrador ha sido claro. Su gobierno no permitirá a extranjeros explotar el litio, aunque tengan concesiones privadas.
Habrá que ver como maneja entonces la situación con la gigante china, Bacarona Lithium, que tiene hoy por hoy una concesión en el estado de Sonora para explotar de 35 mil toneladas anuales del mineral. El yacimiento en Sonora uno de los más grandes del mundo. Tiene 8,8 millones de toneladas en reservas de litio.
Al triunfo en el Senado, López Obrador suma el espaldarazo que recibió hoy de la Suprema Corte de Justicia, para su reforma de la Ley Eléctrica, impugnada por la oposición y los privados.
La reforma eléctrica de López Obrador da mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, pero, sobre todo, limita al 46 % la participación privada en la generación de electricidad. En cuanto la norma comenzó su aplicación fue impugnada por las transnacionales que operan en el país con recursos judiciales para declararla inconstitucional.
El 7 de abril, los senadores se sumaron a esta estrategia y solicitaron también declarara contraria a la constitución. La Suprema Corte dijo que era totalmente constitucional. Hoy lo volvió a ratificar.
A ver si por estos lados, alguien se atreve así un tantito -en La Moneda, ni modo, wey, pero, quizás, ahí cerca, en el sector de Compañía con Morandé, donde sesiona una tal convención- a defender los intereses de la patria.