Pareciera que el actual gobierno asumió hace varios meses. Pero no es así. Apenas completa cuatro semanas. El período inicial de toda administración nueva, en que puede actuar con cierta libertad, en que puede señalar sus propósitos y líneas de acción en medio de una cierta benevolencia del público y la resignación de sus adversarios políticos, ya ha concluido.
Y el balance no corresponde ni a las promesas ni a las expectativas que supo crear en la población.
Los defensores del gobierno insisten que los cambios “no son de la noche a la mañana” y que no se debe juzgar prematuramente. Eso es tan indiscutible, como irrelevante, porque no se trata de tiempo. Se trata de los hechos. Por lo visto, muchos adherentes del nuevo oficialismo quisieran reemplazar la realidad con sus ilusiones. Pero eso no es la base para un análisis serio.
Pese a ser un gobierno que se declara de izquierda o centroizquierda, en realidad, prima una línea de índole más liberal, con tintes reformistas. Lo distintivo de su método de acción política es el diálogo y la negociación con “todos los actores” del país, sin importar el peso real que tengan en la sociedad.
La consecuencia de esta ambigüedad es que, a la hora de pactar, no le queda otra alternativa que recurrir a lo que sí le resulta tangible: los partidos del régimen.
Así, esos partidos, cualquiera de ellos, tiene más peso que el pueblo. Aunque sean una minoría, su opinión importa más.
De ese modo, se crea un tipo de democracia oligárquica, en que el poder se distribuye entre un grupo social privilegiado que rige el país con el fin de no afectar los intereses de la burguesía.
Eso queda reflejado en su orientación política económica, que es la continuidad del gobierno anterior.
Eso significa privilegiar al capital por sobre los trabajadores. Implica tener relaciones fluidas con los gremios de los empresarios y el afán de manejar y manipular políticamente a las organizaciones sindicales.
Por esa razón, siguen con el IFE laboral, destinado a dar empleos con sueldos paupérrimos, pero que generan movimiento en la economía. En la misma línea, está el rechazo total al quinto retiro, porque significa dinero en manos de los trabajadores y desánimo, en los empresarios porque no pueden explotar a voluntad a personas que no quieren trabajar por sueldos de hambre.
Los obstáculos de la economía global, de la guerra y de la pandemia, que se transforman en una inflación difícil de manejar, obligan al régimen a perjudicar a las personas, se encarecen los créditos y suben las deudas, suben los precios de los productos básicos y los salarios se mantienen deprimidos o bajan.
En definitiva, la política del gobierno es que los trabajadores paguen la crisis. Como siempre.
En relación a la justicia, también todo sigue igual. Los tribunales siguen privilegiando su sentido de clase, ayudando a los poderosos y hundiendo a los pobres.
Un jefe del ejército que robó millones no pasa un día en prisión y sale libre, mientras todavía permanecen en la cárcel los presos políticos y son obligados a pagar condenadas de siete años por romper unas bancas de una iglesia. La consigna de este gobierno es que, si les dan una cosa a unos, le deben dar también al otro. Para que haya un equilibrio. Entonces, si otorgan una amnistía a los presos políticos, le deberían dar algo a los asesinos de Punta Peuco o si negocian con los mapuche, también deben de negociar con las industrias y terratenientes que han robado la tierra a los mapuches.
En lo que tiene que ver con las fuerzas armadas y policías, el gobierno mantiene la relación simbiótica que ha existido de antes. Debido a los sucesos de octubre del 2019, saben que tienen que contar con ellos para reprimir al pueblo, si llegara a sublevarse de nuevo. Y para mantenerlos a gusto, dejan que sigan haciendo lo mismo que hacían en el gobierno anterior, reprimir sin control político, pero sin causar demasiadas víctimas. Incluso, son avalados por las autoridades sin objeciones. Esto sigue sucediendo así en las manifestaciones en las ciudades y en el territorio mapuche.
En la política exterior, han tratado de mostrarse con ínfulas de gobernantes avezados, pero han “sonado como cohete” apoyando a Estados Unidos y Europa en su cruzada contra Rusia. Han mostrado debilidad con Argentina, al recular con el concepto Wallmapu, que hería la sensibilidad de los burgueses argentinos que niegan la existencia de los mapuches y de sus reivindicaciones futuras en ese país.
En la política sanitaria, como ésta se supedita a la política económica, siguen el mismo esquema del gobierno anterior, tratando de minimizar la pandemia con la vacunación universal, lo que les da pábulo para levantar las restricciones. La economía está por sobre la salud, la educación y las vidas de las personas.
En resumen, este nuevo gobierno enfrentado a las crisis de tipo político, sanitario, económica y social, ha decidido a proseguir los pasos del gobierno anterior, con algunas variaciones en el plano de los gestos y los simbolismos. Sin embargo, la apuesta es mantener a la burguesía satisfecha y sin tocar sus intereses.
Y por el lado de los trabajadores, busca seguir engañándolos con posibilidades de subir el sueldo mínimo y tratar de mantenerlos cooptados con el manejo de las débiles organizaciones sindicales que los representan.
Respecto al pueblo, en general, como éste no tiene una voz que amplifique sus demandas, a excepción de Fabiola Campillai, no le prestan atención. Y si se movilizan responde con represión, para calmar los ímpetus.
En definitiva, nada ha cambiado.