Se tomó su tiempo. El nuevo gobierno dejó la parte más importante, al menos en estas circunstancias, de su política en manos de una sola persona: Mario Marcel, el ministro de Hacienda. En esta división de tareas, Marcel ve la economía y el presidente y el resto de su gabinete, las cuestiones post-materiales: gestos, frases y pasarlo bien.  

El plan económico de Marcel ya estaba en marcha. Se llama ajuste: bajar la actividad económica, el gasto fiscal, el empleo y los salarios para, así, reducir la inflación. Esa, sin embargo, no se detiene, ni tiene visos de parar en el futuro próximo. La guerra en Ucrania, con sus efectos sobre los precios de los combustibles y los alimentos, se suma a los factores internacionales que ya estaban en juego.

Así las cosas, algo había que hacer para responder a las necesidades sociales que la crisis acrecienta. Y entre el amplio margen de opciones que se abre entre “las grandes transformaciones” y las políticas de Piñera, el gobierno escogió… seguir con lo de Piñera.

Bautizó su paquete de papas fritas “Chile Apoya”.

Lo primero es lo primero. Un día antes de que se anunciara el plan llegó un mail al Ministerio de Hacienda. El comité de expertos que fija los precios de la locomoción pública informaba que había que aumentar los pasajes en… ¡ay, Diosito! ¡Treinta pesos!

“¡No de nuevo!” exclamaron los funcionarios. Pero ya sabían lo que había que hacer. Desde 2019, el gobierno no se ha atrevido a subir los pasajes. Por simple y puro temor. Como dicen los argentinos, quien se quema con leche, cuando ve una vaca, llora. Lo que hizo Piñera, lo deberá continuar Boric-Marcel.

La medida grande del paquete es seguir con otro invento de Piñera. Prolongará hasta septiembre el IFE laboral: en la práctica, un esquema de subsidios estatales para que empresarios puedan mantener los sueldos bajos.

Otro punto: se anunció que se fijará el salario mínimo en 400 mil pesos. Eso es un aumento nominal de 15%, lo que suena alto, pero a eso hay que descontarle la inflación. Si es, como predicen, un 8%, queda menos de la mitad. El gobierno, de nuevo, les pagaría a las empresas de menor tamaño un subsidio por esa diferencia. El salario mínimo lo perciben unos 800 mil trabajadores. En su inmensa mayoría, se concentran en las Pymes. Entonces, la política, ya inaugurada por Piñera, consiste que el Estado, con los impuestos pagan esos mismos trabajadores, mantiene andando a las empresas que optan por otorgar sueldos míseros a sus trabajadores. ¡Buena!

¿Qué más? Suelta unas lucas para hacer un Mepco para la parafina. El Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que eso significa esa sigla, rige, como se sabe, para las bencinas. Evita que alzas y bajas sean demasiado pronunciadas cada mes. Cuando el petróleo baja, el Estado se cobra un impuesto mayor, y cuando sube, baja el tributo. Y con ese dinero, financia la diferencia entre el precio al consumidor final y la cotización internacional del petróleo.

Cuando asumió Boric, se dieron cuenta que, bajo Piñera, se habían gastado todo el Mepco. Así, lo primero que hizo el gobierno fue autorizar 1.500 millones de dólares para compensar el alza de los combustibles. El Estado no va a tener que poner esa plata en cash, simplemente recaudará menos por el impuesto específico de los combustibles. Es lo mismo, pero no es igual.

El problema con la parafina es que no tiene Mepco, ni nada. Por eso ha subido como la espuma y hoy cuesta lo mismo, o más, que la bencina. El anuncio del gobierno es que va a destinar 20 millones de dólares para atenuar las alzas o, mejor dicho, distribuirlas en el tiempo.

Ya.

Es cosa de ver: 20 millones contra 1.500. Y el alza que ya registró durante el verano, cuando el uso de las estufas es menor, ya no se va revertir en este invierno. Eso hay que pagarlo, nomás. Así las cosas, mejor podrían haber dado un bono de dos o tres lucas para comprar mantas polar y calcetines de lana.

El gran paquete de aire contiene, además, dos papitas. Una, un aumento a la beca BAES, para los estudiantes de la educación superior. Un pequeño gesto a las alicaídas federaciones universitarias controladas por el oficialismo. Y la segunda papita es un bono para los trabajadores de la cultura. Bonito.

Todo esto, por supuesto, con enfoque de género y todo inclusivo, pero no nos vamos a detener en eso, porque es puro blablá, destinado a encubrir el objetivo de aumentar la participación laboral en los rubros y tramos peor pagados, que son los que les tocan, mayoritariamente, a las mujeres, y, así, cumplir con el reclamo de los empresarios que se quejan de que no encuentran esclavos -y esclavas- que quieran producirles sus ganancias a cambio de sueldos de hambre.

Antes le habrían dicho a esto neoliberal, pero para qué nos vamos a meter en honduras conceptuales si, al final de cuentas, el paquete es grande, pero adentro hay puro aire.