En la medida en que la operación en torno a Mariupol se acerca a su conclusión, se vuelven más insistentes los llamados occidentales a establecer corredores humanitarios. Ese propósito, aparentemente loable, va a acompañado de una condición perentoria: que no exista ninguna supervisión de las fuerzas rusas. ¿Por qué será?
Las últimas informaciones diarias de Mariupol nos muestran el avance de las fuerzas rusas y de la república popular de Donetsk y el cierre del perímetro donde se encuentran las formaciones ucranianas. La lucha se desarrolla en plena urbe, lo que ralentiza su avance, calle por calle, limpiando las zonas. La razón de este proceder es que busca minimizar el daño a la población civil.
En las guerras que libra Estados Unidos, los civiles son secundarios. Los bombardeos destruyen zonas completas y lo que resta después es reconstruir. Los atacantes aniquilan al enemigo sin exponer sus tropas. Con ello, causan bajas en la población que llaman “daños colaterales”.
Incluso, para no ser perseguidos penalmente por ningún país, Washington exige de todos los países en que se despliegan sus tropas, una especie de amnistía previa que los exime expresamente de investigaciones de violaciones a los derechos humanos, genocidios u otros. 102 países han suscrito ese tipo de acuerdos de inmunidad -denominados artículo 98- con Estados Unidos.
Ese recurso se suma al repudio oficial de Estados Unidos de la Corte Penal Internacional o cualquier institución que pudiera acusar a sus efectivos. Incluso, ha decretado una ley en que se compromete a usar “todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier efectivo militar estadounidense o aliado detenido o encarcelado por, a nombre de, o en virtud de una solicitud la Corte la Penal Internacional”. La prensa bautizó esa norma irónicamente “ley para la invasión de La Haya”.
Mientras, ciudadanos estadounidenses -periodistas, militares, funcionarios públicos- que han denunciado actos de violencia en contra de civiles en distintas incursiones bélicas son objeto de persecución criminal y cárcel en Estados Unidos.
Esas circunstancias vuelven aún más hipócritas las amenazas de perseguir los crímenes de guerra atribuidos a Rusia.
Volviendo a Mariupol, el cerco a las fuerzas ucranianas ha impulsado a sus tropas regulares a tratar de salvar sus vidas. Cerca de 300 soldados del 501 batallón de la infantería de marina ucraniana se rindieron entre el lunes y el martes en la ciudad.
No sucede lo mismo con las agrupaciones nacionalistas que se encuentran allí, como el caso del regimiento Azov, que cometió hechos punibles en contra de la población del Donbas durante los últimos ocho años de contienda, que torturó y mató a civiles que mostraban simpatía con la causa separatista.
Para ellos no hay ninguna opción de salir vivos del cerco. A menos que se rindan, pero entonces les espera la cárcel.
Desde las primeras semanas de asedio de la ciudad de Mariupol los medios internacionales occidentales bregaban por la salida de los habitantes de la urbe. Era raro que los mismos que defendían la militarización ucraniana por parte de la OTAN, mostraran un deseo tan marcado a proteger la integridad física de esos ucranianos, en su mayoría ruso-parlantes. Detrás de ello estaba el cálculo de asegurar el establecimiento de corredores hacia la parte occidental de Ucrania y que no estuvieran bajo la supervisión de las tropas rusas. De ese modo, se podría materializar la evacuación de, al menos, una parte de las tropas asediadas.
Al mismo tiempo, las fuerzas armadas ucranianas realizan misiones especiales con helicópteros Mi rescatar efectivos. En esas operaciones han perdido cuatro naves. Turquía también se sumó a la oferta de sacar a los “civiles” por mar, pero bajo supervisión. Recordemos que ese país es miembro de la OTAN.
En estos días se han incrementado las versiones de que entre las tropas ucranianas sitiadas en las instalaciones de la planta acerera Azovstal habría también oficiales de la OTAN, de Francia, Alemania, Gran Bretaña y de Suecia.
Ese podría explicar la ansiedad por abrir una salida segura, no a la población civil, sino a los militares atrapados en Mariupol.