Usted lo leyó aquí antes: apenas asumido el nuevo gobierno se aceleran las gestiones para asegurar los intereses de las empresas extranjeras que saquean nuestros recursos naturales y la privatización, por partes, de Codelco.
Un alto ejecutivo de la minera estatal había anunciado el lunes que se ofrecerían al mercado activos de exploración “no esenciales” a compañías transnacionales, como primer paso de un “nuevo modelo” para Codelco.
Paralelamente, el gobierno busca cerrar la tramitación en el parlamento de la llamada ley del royalty minero. Su versión original, un tímido cobro por el mineral perteneciente a Chile, quedó –cocina en el Senado mediante- reducida al equivalente a la corrupta Ley Longueira en el rubro de la pesca. Escrita por los lobbyistas de las propias mineras, rebaja lo que pagarían las empresas en un 90%, en términos netos.
La importancia de esta ley trucha radica en que establecerá garantías para las mineras de que no se modificará en el futuro su régimen tributario, so pena de compensarlas económicamente o enfrentar juicios internacionales o sanciones de las potencias a las que pertenecen. Claramente, la corrupta ley del royalty, presentada como una reivindicación del interés nacional, busca anticiparse a cualquier cambio que se establezca en la nueva constitución.
Recordemos que uno de los representantes de los intereses mineros que redactaron la versión que beneficia a las transnacionales, Hernán Frigolett, fue nombrado por Boric como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos. El hecho de que Frigolett estuviera involucrado en la trama de las boletas falsas de Soquimich, para coimear a los partidos de la Concertación, manifiestamente no fue un obstáculo para su designación.
El nombramiento de Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco es funcional a esos planes, que se apuraron aún antes de que asumiera formalmente el nuevo gobierno.
Su designación era esperada. Dirigentes de los sindicatos de Codelco ya habían adelantado que no aceptarían su nombramiento.
Pacheco es hijo del político de la Democracia Cristiana del mismo nombre, y ha estado ligado al centro neurálgico de la Concertación desde sus inicios. Primero como ejecutivo de la forestal estadounidense International Paper, que fue, a través de su empresa subsidiaria, basada en Nueva Zelanda, Carter Harvey Holt, socio del grupo Angelini en Copec, dueña de forestal Arauco. Esas empresas fueron entregadas por la dictadura, primero al grupo Cruzar y, luego de su quiebra, a Angelini. Pacheco está ligado también, por lazos familiares, al otro grupo económico con intereses en el sector forestal: los Matte, dueños de CMPC.
En esa calidad actuó como intermediario entre grandes consorcios internacionales que expandieron la explotación de los recursos naturales y los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. En una ocasión, se vanaglorió de haber servido de nexo entre los partidos de la Concertación y el magnate George Soros, financista de una serie organismos ligados al aparato de inteligencia de Estados Unidos y que han sido organizadores de campañas políticas de desestabilización en diversos países del mundo.
Nombrado ministro de Energía en el segundo gobierno de Bachelet, promovió la prórroga del Decreto Ley 701 de la dictadura que otorga subsidios estatales, exenciones de impuestos y garantías legales a las empresas forestales. Entre estas últimas está la inexpropiabilidad de las tierras robadas a campesinos y mapuches tras el golpe militar.
Durante su gestión, Pacheco también favoreció a las compañías eléctricas y a Metrogas con diversas medidas administrativas y legislativas y fue, en su calidad de ministro, presidente del directorio de ENAP, empresa estatal notoria por sus altos niveles de corrupción, como, por ejemplo, un cambio de la imagen corporativa que costó ¡cuatro millones de dólares!
Pacheco, en las postrimerías del gobierno de Bachelet, renunció a su cargo, con pretensiones, alimentadas por círculos bien conectados, de una candidatura presidencial. Dejó ese afán para convertirse en el promotor de la postulación de Ricardo Lagos, un empeño político que fracasó miserablemente.
Ahora, reaparece en su rol habitual, vínculo entre el gobierno y los intereses extranjeros para la explotación de nuestro país.
La designación muestra, de paso, qué representa realmente el gobierno de Boric: la continuidad del saqueo.