La noticia circuló rápidamente por redes sociales después del mediodía. Un joven había sido baleado por un policía durante una manifestación estudiantil en el centro de Santiago. Los noticieros de televisión de la tarde omitieron inicialmente la información, aunque los reporteros que cubrían las actividades gubernamentales hacían oscuras alusiones a los “sucesos en Santiago”.

Sólo cuando el gobierno dio su versión oficial, la prensa informó sobre los hechos. La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, equiparó el asesinato frustrado con la situación de tres carabineros y un grupo de funcionarios de la Fach que fueron objeto del repudio de los manifestantes.

El gobierno dijo que había ordenado a Carabineros a que iniciara una “investigación interna”. Vallejo omitió decir que esa instrucción es irrelevante.

Ante cada disparo no controlado por un funcionario, la policía realiza un sumario administrativo. Es el procedimiento normal. Las sanciones pueden ser draconianas, cuando se trata de infracciones menores, por descuidos o impericia. Y son un mecanismo de encubrimiento y falseamiento de la evidencia, cuando los disparos se realizan como parte de una campaña de represión.

Eso los saben todos y, ciertamente, los integrantes del gobierno. La idea de que, ante un asesinato frustrado, como en este caso, los responsables directos se investiguen a sí mismos, es una muestra de cinismo incalificable.

De hecho, a las pocas horas, Carabineros divulgó, en contra de toda norma y afectando, justamente, la investigación, fragmentos de las comunicaciones internas en que el autor de los disparos busca, inmediatamente después del hecho, crear una coartada legal para su crimen: “hice uso de mi arma de fuego… Estaba en riesgo mi integridad física. Me estaban pegando entre 15 a 20 estudiantes”.

Los representantes de las federaciones universitarias, controladas por el oficialismo, que habían convocado a la marcha, declararon que “agradecían” al gobierno por “avanzar en una investigación”. Mientras uno de sus compañeros se debatía entre la vida y la muerte, los dirigentes estudiantiles adictos al gobierno departían con funcionarios en el Palacio de la Moneda.

La hipocresía y el cinismo, por lo visto, se vuelve una condición necesaria para ser parte del nuevo oficialismo.

Por esa razón, quizás es necesario recordar que la represión a las movilizaciones populares no es un accidente, es una herramienta que usa el Estado. Si aquella se aplica, por agentes policiales, en contra de los deseos de los gobernantes, éstos tienen sólo una opción: actuar con rapidez y contundencia para detener estas violaciones a los derechos humanos.

Si eso no ocurre, hay una sola conclusión posible: la represión obedece a las intenciones políticas del propio gobierno.

En ambos casos, o en cualquier otra circunstancia, los responsables son siempre quienes detentan la jefatura del Estado.     

Lo que podemos constatar, en pocos días de mandato, es que existe una continuidad perfecta de las políticas represivas y asesinas de Piñera en la nueva administración.

Al daño, sin embargo, le agregan injuria: la impostura cínica e hipócrita de quienes se presentan como demócratas y, en su temor al pueblo, acuden al expediente de atacarlo, herirlo, encarcelarlo y matarlo.

Deberán responder, también, por esa ofensa indigna a la razón y a los derechos del pueblo.