Las escenas de represión vividas el viernes en Plaza Dignidad, algunas de las cuales fueron reproducidas en redes sociales, provocaron desconcierto entre los adherentes al nuevo gobierno. Representantes del Partido Comunista, que es parte del oficialismo, declararon que los hechos son “impresentables” y pidieron a las autoridades que exijan a Carabineros “revisar sus protocolos”.
Ninguno de los críticos, sin embargo, apuntó a los responsables de la represión, que había sido anunciada por el propio presidente de la República.
Gabriel Boric señaló, a inicios de la semana, en una entrevista al grupo radial español Iberoamerican, que había dado instrucciones al jefe de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, en el sentido de que las “actividades delictuales” de los viernes en Plaza Dignidad “no pueden seguir permitiéndose”.
La caracterización de las manifestaciones, en que la demanda por la liberación de los presos políticos ocupa el lugar más destacado, como actos criminales, demuestra la intención del gobierno de continuar con la política represiva de Piñera.
Boric amenazó las personas que participan de las movilizaciones y a las que describió como “gente [a la] que no le importa nada, que tiene un rechazo contra todo tipo de autoridad” a que se “atengan a las consecuencias”.
Por lo visto, el presidente, a falta de otros recursos, cree necesario imponer su “autoridad” a palos y lacrimógenas.
Ante expresiones tan claras de que, a pocos días de asumir, el nuevo gobierno se defenderá mediante la fuerza ante las manifestaciones populares, resulta hipócrita que sus adherentes presenten la actuación de la policía como un acto unilateral de Carabineros, y no como resultado de una orientación u orden del gobierno del que son parte.
La hipocresía se suma al cinismo desplegado por las autoridades, ya sabemos, “no reconocidas” por esos manifestantes.
Nosotros lo señalamos oportunamente aquí, en enero, y lo reiteramos apenas se supo la noticia de que el gobierno retiraría 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, de más de 300, presentadas por hechos ocurridos durante el levantamiento popular de 2019. Explicamos que la medida, descrita como un gesto hacia los presos políticos, constituía, en realidad, una artimaña que buscaba encubrir la continuación de la prisión y persecución políticas en contra del pueblo que salió a las calles a partir del 18 de octubre.
Esa maniobra, implementada el primer día de gobierno, no fue improvisada, sino que se había urdido ya durante la campaña presidencial, como también denunciamos, en su momento, en estas páginas.
Ahora, una nota del diario “La Tercera” comprueba lo que adelantamos.
Ninguna persona ha recuperado su libertad a raíz del retiro de las querellas. Su efecto sobre las causas seguidas ante la justicia es nulo, entre otras razones, porque el gobierno de Piñera echó mano a otras normas represivas, aprobadas con el voto del actual presidente, en medio de las movilizaciones populares, a fines de 2019.
El artículo de “La Tercera” se basa, no en una investigación periodística propia, sino que, ostensiblemente, en filtraciones de la fiscalía. El Ministerio Público está molesto. Pero no por el retiro de las querellas, sino por las nuevas instrucciones del Ministerio del Interior a sus abogados. Estos deben ahora, en vez de apoyar las peticiones de la fiscalía de mantener las prisiones preventivas, dejar la decisión “a criterio del tribunal”. Otra hipocresía.
La funcionaria que implementó esas medidas, indica “La Tercera”, es Camila Barros, jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, y que se ha desempeñado en esa repartición en los gobiernos de Bachelet, Piñera y, ahora, Boric. De hecho, señala el diario, es la autora de la querella en contra del profesor de matemáticas Roberto Campos quien, famosamente, pateó un torniquete del metro y pasó dos meses en la Cárcel de Alta Seguridad, acusado de daños y de, por supuesto, poner en peligro la seguridad del Estado de Chile.
El cinismo, la hipocresía y lo caradura, evidentemente, se impregnan en los burócratas de segundo y tercer orden.
Pero parten, arriba, bien arriba, en la cúspide de este gobierno.
El presidente de la República, sus ministros, los partidos que lo apoyan, deberían tener en cuenta que el empleo de la fuerza y la represión policial para imponer su “autoridad” logran el efecto exactamente contrario.
También deberían sopesar que el engaño cínico como método político es propio de gobiernos que sólo reciben el desprecio y repudio de los pueblos.
Deben considerar que sus acciones perpetúan y encubren un crimen del Estado en contra del pueblo de Chile: la prisión y la persecución políticas. Al igual que los autores iniciales, los continuadores de esa transgresión deberán asumir, en algún momento, sus graves responsabilidades. Y, entonces, la hipocresía y el cinismo no podrán ser aceptados como defensa, sino que serán agravantes del delito.
Y, finalmente, han de saber que el pueblo no dejará de luchar por sus demandas y que el tiempo de los engaños ya quedó, definitivamente, atrás.