Hace dos días la PDI sorprendió a 162 trabajadores bolivianos trabajando en condiciones de explotación en un fundo ubicado en la localidad de Cancura, en la comuna de Angol.
Aunque Marco Mercado, prefecto de la institución señaló que en este caso concreto la “diligencia” fue el resultado de un trabajo multisectorial entre el municipio, autoridades sanitarias y la PDI, no quizo entregar nombres de empresas porque aun están en investigación. Mmmm…
Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han mostrado su preocupación por la lenta diligencia con que actúan las instituciones públicas para controlar la explotación laboral de personas que no tienen papeles y están sometidas por su precaria condición a situaciones de explotación laboral. Acusan que detrás de este creciente fenómeno hay mafias dedicadas al tráfico de personas.
Ante la consulta de los medios a la PDI para saber el nombre de las empresas que están cometiendo estos delitos, la institución señaló que “ aún se realizan diligencias para establecer las responsabilidades sobre el traslado de los extranjeros, quienes ingresaron por un paso no habilitado y que desarrollan labores en un rubro precarizado”.
¿Por qué no sorprende el silencio de las instituciones? Porque ninguna mafia, de ningún tipo, puede actuar si no es con la complicidad del aparato público-político. Entonces, la próxima vez que vea a las autoridades “hacer gárgaras” con el problema de la inmigración, aproveche y tómese una siesta, porque el final de este cuento, ya lo sabemos.