Podría ser cortar y pegar. Cuando leemos sobre el Caracazo, el gran levantamiento popular venezolano de fines de los 80, leemos sobre el levantamiento popular chileno. Comenzó en Guarenas, un pueblo cercano a Caracas, por el alza del transporte y se extendió como la pólvora, con fuerza imparable, en todo el país.
Son 33 años desde aquel 27 de febrero de 1989. Ese año caía el muro de Berlín. En Latinoamérica, los dictadores negociaban con los demócratas, sus jubilaciones. En Venezuela se hacían evidentes los estragos de décadas de despilfarro de los recursos del petróleo en manos de gobiernos corruptos. Asumía su segundo periodo Carlos Andrés Pérez. En su segunda campaña, prometió “castillos” pero trajo el ajuste que le pedía el Fondo Monetario Internacional.
Ese 27 de febrero por la mañana el ambiente estaba enrarecido. Como en nuestro Octubre, cuando en las estaciones de metro se apostaron pacos antimotines tras la ola de secundarios saltando torniquetes por el alza de $30 en el Metro. Allí fue lo mismo. Subió el transporte y en la localidad de Guarenas, al este de Caracas, todo comenzó. Una ola de furia que se saldaría con una brutal represión pero que abriría las puertas a un periodo de claridad, de unidad y convicción para emprender las luchas populares en Venezuela y toda América Latina.
“En un principio parecía una protesta de los usuarios por la subida del precio del transporte y de los transportistas porque esa subida les parecía escasa. Con una rapidez sorprendente, lo que comenzó como una protesta focalizada en una pequeña ciudad, en cuestión de horas se transformó en una ola de vandalismo, violencia y saqueo a nivel nacional”, narra la enciclopedia.
Si, tal como en Chile. Dos semanas antes, Pérez anunciaba las medidas del ajuste que pagaría el pueblo luego de ser saqueado el Estado por sus gobiernos durante décadas. La fiesta se había acabado y el pueblo pagaría la cuenta de los corruptos, ordenó el FMI.
Una ola de violencia y saqueos a nivel nacional. Todo se detuvo o más bien, el pueblo echó a andar. El régimen estaba perplejo. No se explicaba cómo era posible el nivel de organización y simultaneidad con que el pueblo arrasó con todo a su paso. Tentaron esotéricas explicaciones. Por ejemplo un general, Carlos Peñaloza, aventuró que “agentes cubanos pudieron haber entrado a Venezuela durante la ceremonia de inauguración de Carlos Andrés Pérez, a la cual atendió Fidel Castro, y pudieron haber esperado que ocurriera inestabilidad en Venezuela para exacerbar tensiones políticas”.
La represión fue brutal. En los barrios populares el ejército utilizó francotiradores con fusiles FAL contra la población. Las cifras oficiales reportaron unos centenares de muertos. Pero el pueblo puso casi 5 mil.
En 2013 el Estado venezolano creó la Comisión por la Verdad y la Justicia para esclarecer y castigar las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo venezolano. No solo por lo que sucedió aquellos días de febrero de 1989, sino durante las décadas comprendidas entre 1958 y 1998, conocidas como la Cuarta República, una sucesión de gobiernos “democráticos” que se saldaron con una represión popular que dejó 10.000 desaparecidos, asesinados y torturados por razones políticas.
“Los horrores cometidos por las dictaduras de Pinochet en Chile o Videla en Argentina ya eran una práctica en Venezuela durante estos gobiernos “democráticos”, como lanzar gente de los helicópteros al mar o la figura del desaparecido por razones políticas” recuerda Frank León, militante del barrio 23 de Enero – Caracas, en su testimonio para la prensa, que recuerda la asonada.
Si, porque como en Chile no fueron $30 sino 30 años de impunidad, abusos y corrupción, así también fue para el pueblo venezolano.