Romario Veloz Cortez fue asesinado por militares en La Serena, el 20 de octubre del 2019. Después de más de dos años de espera, la justicia alarga el juicio para no inculpar a los mandos del Ejército.
A pocos días de comenzar el levantamiento popular del 18 de octubre del 2019, las manifestaciones contra el régimen se hacían notar en todo el territorio nacional. En la ciudad de La Serena los manifestantes también marchaban, es en una de esas movilizaciones donde se encuentra Romario Veloz, un joven que había nacido en Ecuador, pero que se sentía chileno pues había vivido 17 años en el país, salió a protestar como uno más de los que sentían la urgencia de demostrar que el pueblo estaba cansado de las desigualdades sociales. Junto con amigos se unieron a la marcha de cientos de personas, los militares ya estaban apostados en el Mall Plaza La Serena, esperándolos y comenzaron a apuntarles, lo que indignó a las personas y los insultaron. Después comenzaron a disparar al aire y hacia las personas, durante tres minutos. Ese día cayó herido Rolando Robledo con un disparo en el abdomen, Romario Veloz fue alcanzado por una bala en el cuello y un tercer manifestante fue herido. El general Jorge Morales encargado de esa zona diría “Son hechos circunstanciales en enfrentamientos con grupos violentistas, eso hay que dejarlo en claro. Nadie quiere que se muera nadie”.
El Juzgado de Garantía de La Serena estableció la prisión preventiva al capitán José Faúndez Sepúlveda, Carlos Robledo Olguín y José Arenas Mancilla, por homicidio, homicidio frustrado y violencia innecesaria en contra de Romario Veloz. Y arresto domiciliario para Milován Rojas Barrera. Todos estos individuos formaban parte de un UFE, una unidad fundamental de Emergencia, “constituida por militares capacitados y equipados para realizar evacuación de personal, reparto de elementos, retiro de escombros menores y construcción de viviendas de emergencia”, que dista mucho de lo que hicieron ese día en La Serena, pues fueron a proteger un recinto privado, el mall, y dispararon “a diestra y siniestra”.
La orden de disparar fue dada por el capitán José Faúndez en varias ocasiones, el cabo Carlos Robledo es imputado por el delito de homicidio simple consumado, el soldado José Arenas es imputado por homicidio frustrado y Milován Rojas por cuasidelito de lesiones graves gravísimas.
Como en nuestro país la justicia no se aplica para todos de igual manera, “se corta por lo más débil”, el soldado que disparo por orden superior será juzgado y castigado, y el mando de la unidad será librado, al igual que los mandos superiores que ordenaron que se disparara contra las personas. También resultarán libres, los mandos políticos del Estado que dieron su anuencia a los militares para que usarán sus armas contra el pueblo.
Este es solo uno de los casos donde la justicia pese a poseer pruebas contundentes del delito no castiga a los culpables, sino que dilata los juicios y trata de que queden impunes los que han cometido violaciones a los derechos humanos.