El 24 de septiembre de 1973 soldados de la Escuela de Infantería del Ejército, que tenían su cuartel en San Bernardo, detuvieron a civiles que trasladaron a un campo de prisioneros que mantenían en el cerro Chena a cargo del teniente Alfonso Faúndez Norambuena, allí mantuvieron, torturaron y ejecutaron a ciudadanos.
En este caso, la ministra investigaba el secuestro de los obreros agrícolas Manuel Ortiz Ortiz y Juan Guillermo Cuadra Espinoza, y la sustracción de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años. Todos ellos habían sido detenidos en el sector El Escorial, en Paine. Los condenados eran militares que pertenecían a la Escuela de Infantería.
Fueron condenados a 15 años y un día de presidio en su grado máximo, por el secuestro de Manuel Ortiz y la sustracción del menor: (capitán) Jorge Eduardo Romero Campos, (teniente) Alfonso Faúndez Norambuena, (subteniente) Carlos Walter Kyling Schmidt y José Hugo Vásquez Silva. Condenó a 10 años de presidio mayor en su grado medio por los mismos delitos a Escipón Pedro Escobar Norambuena. También condenó a 15 años y un día como autores de secuestro calificado de Manuel Ortiz y Guillermo Cuadra Espinoza, y por la sustracción del menor Ignacio Santander a: Sergio Heriberto Ávila Quiroga y Jorge Reyes Cortés. Y a 10 años de presidio y un día por los mismos casos a: Carlos Durán Rodríguez, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz.
Quizás como un antecede y a manera de exhibir como el Ejército de Chile encubría sus crímenes vemos la contestación del coronel Pedro Montalva Calvo, Director de la Escuela de Infantería y Jefe de Zona Interior Departamento San Bernardo y Maipo, su oficio textualmente decía: «Se informa a U.S. que los detenidos Ignacio Santander Albornoz y Juan Cuadra Espinoza fueron dados de baja por centinelas del Campo de Prisioneros de Chena el 4 de octubre de 1973 por intento de escape del citado lugar».
Tras posteriores investigaciones y juicios se llegó a la verdad, los detenidos en San Bernardo y alrededores, obreros y trabajadores fueron ejecutados.
Después de casi 50 años, recién se está dando sentencia a algunos de los culpables, ya son ancianos y otros han muerto, eso no quita de ninguna manera los hechos atroces que hicieron. La justicia, dicen algunos tarda, pero llega, en este caso no es así, ni en casi todos los demás casos de la dictadura, ya que la justicia al tardar tanto, se desnaturaliza y es lo que se entiende como denegación de justicia.
Debe castigarse a los culpables rápidamente, con todo el peso de la ley, sobre todo cuando los crímenes son en contra de los derechos humanos. La impunidad de los gobiernos de turno, de los jueces, de los políticos, que solo persiguen que no hayan conflictos con la burguesía, una y otra vez lo único que hacen es hacer que el pueblo busque maneras de hacer justicia.
En el caso de los ejecutados de Paine, queda en evidencia la impunidad de los asesinos, que vivieron una vida tranquila con sus familias, subieron de grado en el ejército, se jubilaron e incluso en todo momento fueron protegidos por el Ejército. Al otro lado, un niño de 17 años, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, estudiante y trabajador agrícola, fue ejecutado y su cuerpo no ha sido hallado, encontrándose hasta hoy como detenido desaparecido. Nosotros decimos que no hay justicia en Chile.