Kevin Gómez era mecánico y tambor mayor de Los Halcones, una banda de guerra compuesta por alumnos de distintos liceos de Coquimbo. Tenía 24 años y una pequeña hija. El día de su funeral, sus compañeros, en estricta formación, lo despidieron con las marchas militares que él marcaba.
¿Por qué había muerto tan joven? ¿Por qué sus amigos y familiares debían llorarlo tan absurdamente?
Ese mismo día 20 de octubre de 2019, el gobierno de Piñera impuso un toque de queda y ordenó a las fuerzas armadas a salir a las calles en que se movilizaba el pueblo. Kevin había estado en el sector de avenida Bilbao. Cerca de allí estaba el local en que ensayaban Los Halcones. También había una tienda de la cadena La Polar que había sido saqueada. Ese hecho fijó la atención de los jefes militares que desplazaron sus efectivos en camiones.
Cuando cruzaba por calle, Kevin se topó de frente con uno de los vehículos. Atemorizado hizo el gesto de levantar las manos.
Fue en vano. El cabo Christian Cares descargó, desde la parte trasera camión los proyectiles de su escopeta en contra de Kevin. El impacto le destrozó la espalda y los pulmones. Los militares se bajaron el camión y rodearon a su víctima. Uno de ellos trató de voltear con su arma el cuerpo de Kevin, que yacía mortalmente herido en la vereda.
Eran las 23:30 horas.
40 minutos después, lo recibieron en el Samu. El personal constató que su cuerpo estaba frío y pálido. No detectaban signos vitales. Le administraron adrenalina y suero. Intentaron reanimarlo. Al poco rato desistieron.
La investigación judicial fue muy especial. Una cámara de seguridad había captado los hechos con absoluta exactitud. Hubo numerosos testigos, vecinos que habían alertado a Kevin de la llegada de los militares, otros también registraron los hechos con sus celulares.
El propio Cares, no estaba obligado a hacerlo, reconoció que había disparado y que había causado la muerte de Kevin. Sus declaraciones apuntaban a que había tenido que defenderse de una agresión. Dijo que había sentido miedo y que temió le lanzaran “un artefacto explosivo”.
No obstante, la claridad de la evidencia, la investigación demoró más de dos años.
En el juicio, su abogado se limitó a sostener que la acusación no había probado que Cares tuviera “la intención de matar”. Las juezas que lo condenaron a Cares desestimaron ese argumento.
La pena impuesta al militar será de doce años de cárcel. A eso, hay que descontarle el tiempo que estuvo “preso” en el regimiento Nº21 “Coquimbo”: más de dos años. Es decir, ya muy pronto podrá solicitar su salida de la cárcel.
La pena es por homicidio simple. Pero no hay nada de simple en este crimen. Cares no es un ciudadano privado que tomó una escopeta de caza de su propiedad y salió a la calle, antes de que, en un trágico giro, terminara matando a un hombre.
Su arma le fue proporcionada por sus superiores en una organización jerarquizada en que las acciones están sometidas al principio del mando. Es decir, de una cadena de órdenes y consignas,emitidas por personas legalmente autorizadas para ello. En este caso, Cares salió a la calle en virtud de un decreto, de una orden del jefe del Estado y del gobierno, Sebastián Piñera, quien dispuso la suspensión de las garantías constitucionales, la autorización a las Fuerzas Armadas a tomar control de las ciudades e impuso un toque de queda para toda la población.
Esa orden, a su vez, fue traducida a una serie de medidas y disposiciones adoptadas por el general Jorge Morales Fernández, quien había sido designado jefe de Defensa Nacional en la cuarta región. De esas medidas y disposiciones, se desprenden a su vez, otras órdenes, otras consignas, más específicas, que bajan de general a coronel, de mayor a capitán, de capitán a sargento.
Concretamente, del general Morales al coronel Fernando Meléndez Hernández, al coronel Manuel Herrera Fredes, al teniente coronel Patricio Rojas Villar, al capitán Alberto Urra Saldía, al teniente Cristián Vera Yeges, y así.
Todos ellos son oficiales. Todos ellos tienen una responsabilidad. Todos ellos estuvieron en el radar de la fiscalía que siguió con atención la alegación de la defensa de que algunos de estos miembros del ejército de Chile “confundieron” la munición “antidisturbios” (que contiene perdigones con revestimientos de goma) con cartuchos de “caza menor”.
Ni la fiscalía, ni los jueces, sin embargo, se interesaron por su participación en los hechos. De este modo, quieren crear la ficción que asesinar a trabajadores es resultado accidental de un acto individual. Y, de este modo, aseguran la impunidad de quienes organizadamente, deliberadamente, intencionalmente, salieron a reprimir, a aterrorizar y a matar al pueblo.