AMLO (Andrés Manuel López Obrador) quiere que México recupere la potestad sobre sus recursos energéticos y devolver el control de los mismos a la Comisión Federal de Electricidad. Entre los recursos apetecidos está el litio. El país es el noveno en el mundo con mayores yacimientos y nada más ni nada menos que la mayor economía latinoamericana.
La semana pasada envió al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la reforma constitucional que privatizó los recursos en 2013, bajo el gobierno del derechista Enrique Peña Nieto.
El litio es el mineral del futuro y las fauces del capital están en el mineral en todo el continente. En Chile sabemos de eso. Baste recordar las licitaciones express con que Piraña quiere amarrar los negociados extranjeros antes de marcharse del gobierno.
«Imagínense eso. Nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras», dijo López Obrador quien aseveró que este tipo de decisiones son perversas y en contra de la nación. AMLO se refiere con esto a la reciente decisión de la Comisión de Competencia Económica mexicana que autorizó una operación para que una mina de litio en la zona de Sonora pase a ser propiedad del gobierno chino.
La Comisión de Competencia Económica es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada de “promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia”.
La reforma de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) es polémica pues toca los intereses de los capitales extranjeros, en especial de los españoles a través de Iberdrola. La polémica se disfraza entre otras con que se concentrará el mercado a manos del Estado, se reducirá la competencia y se retrocederá en la necesidad de avanzar a las energías limpias.
En un comunicado, la internacional Greenpeace advierte de los riesgos del proyecto pues considera que la propuesta podría tener implicancia ya que los privados no podrán hacerlo pues el Estado quedará con la potestad de la generación.
En el comunicado la ONG ambientalista señala que la propuesta tiene implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación y distribución de energía, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo.
Como este, vuelan los argumentos falaces sobre la reforma. Pero lo cierto es que la iniciativa de AMLO no es ni por menos, revolucionaria. Solo asegura que el Estado se quede con el 54% de la torta en la generación y distribución de electricidad y en el restante espacio del mercado seguirán actuando los privados.