Se extiende entre los círculos de poder como un nuevo dogma: no hay que levantar el castigo impuesto a los presos del levantamiento popular, porque puede servir de incentivo para un nuevo estallido.
El nuevo artículo de fe lo escuchamos ahora en voz del futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. Dice que “no queremos que se preste como una señal hacia delante de que habrá chipe libre”.
Podría decir lo mismo sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de la policía y de las Fuerzas Armadas. Éstos que gozan de impunidad en todos los niveles. Éstos sí tienen chipe libre, ahora y en el futuro.
El futuro gobierno sabe que alcanzó la presidencia no debido a su verborrea magistral, sino a causa del temor de mucha gente de caer en el “fascismo” o, por último, por su voluntad de negarle una victoria a la derecha. Sabe que sólo una minoría de los votantes adhiere a sus postulados y que la gran masa que los apoyó, mantiene una profunda distancia con los partidos del régimen, que incluyen, por cierto, a la nueva coalición gobernante.
Lo que no saben con exactitud en la «Moneda chica» es cuál es la fuerza a la que podrían enfrentarse si no acceden a lo prometido y a las demandas que el pueblo viene levantando desde hace muchos años, sin importar quién sea el gobierno.
Pero tampoco pueden evitar la tentación de creer que, de algún modo, podrán controlar políticamente ese descontento. Al fin y al cabo, son políticos y serán el gobierno.
Jackson sostiene que busca minimizar las «condiciones estructurales» que llevaron al levantamiento popular.
Eso es idealismo puro. No basta con verdad, justicia, e ir contra de la impunidad. También deberán dar educación gratuita, salud universal, jubilaciones justas, sueldos dignos, viviendas decentes, recuperar los recursos naturales, poner bajo el control del país a los sectores estratégicos de la economía, imponer cárcel para los especuladores y delincuentes de cuello y corbata, terminar con los partidos políticos y jueces corruptos, disolver a Carabineros, crear unas fuerzas armadas del pueblo, y mucho más.
Nada de esto lo realizarán en su gobierno, ni siquiera en parte, pues pertenecen al mismo régimen político que descansa sobre los abusos al pueblo y la explotación de los trabajadores.
El proceso histórico que Jackson busca sanar es el que dio un salto enorme en octubre del 2019. Pero no hay nada que sanar, porque ese proceso no ha terminado. Lo que hay que hacer, es cumplir con las demandas que exige el pueblo.
Como vemos, siguen enredando las cosas. Tienen los votos para liberar a los presos políticos, pero juegan a tiempo. Ellos creen que los presos políticos son «delincuentes», tal como vociferaban hace casi dos años atrás, cuando firmaron el pacto con el gobierno para salvar al régimen.
Temen al pueblo.
Cuando dicen que no habrá chipe libre, se refieren algo muy concreto. Así lo manifiesta otro de los responsables de la existencia de la prisión política en Chile, Jorge Abbott, el fiscal nacional: “¿qué pasa si viene un nuevo estallido social y se producen hechos de violencia como ocurrió después del 18-O con la expectativa de que se dicte una nueva Ley de Amnistía?” habría dicho, según el diario La Tercera.
Lo que significa es que el nuevo gobierno quiere, ante cualquier repetición de los eventos del 2019, ante cualquier movilización que se desborde, aplicar las mismas medidas que su antecesor.
Es el miedo.
Los presos políticos siguen en la cárcel por el miedo que tienen los que los mantienen en prisión.