En el primer caso, del capítulo de hoy, podemos reportar que hoy la Fiscalía local de Chillán comenzó una investigación por tráfico de inmigrantes o trata de personas. Esto porque en un predio donde se cosechaban arándanos, en la región del Ñuble, se encontró en condiciones de hacinamiento a trabajadores haitianos y bolivianos. Una forma elegante de decir que eran super explotados en las peores condiciones posibles.

Al lugar se “apersonaron” funcionarios de la PDI y de la Fiscalía para cerciorarse de si estas condiciones sub humanas, realmente constituían un delito. Claro, si Juan Sutíl dice que los empresarios nacionales trabajan con los más altos estándares internacionales, es preciso verificar en terreno que algo semejante estuviese pasando en nuestro país, gente explotada laboralmente.

“Iniciamos una investigación que tiene como finalidad determinar si existe delito en la situación que les afecta y si es así determinar eventuales responsables. Estamos tomando declaraciones a las víctimas y otras personas de interés investigativo”, precisó el fiscal Florentino Bobadilla quien seguramente recibió la denuncia de algún alma de buena fe. Los nombres de la empresa y los empresarios, sabemos, no serán entregados mientras no se sepa si son unos delincuentes. Sabemos también cual es el probable fin de esta historia.

Ya hace un tiempo supimos por una investigación periodística de Ciper de los altos estándares del gremio dedicado a la explotación de personas en los trabajos agrícolas. Según la investigación, “entre 2016 y 2019 al menos 29 venezolanos y haitianos fueron víctimas de abusos laborales que podrían constituir trabajo forzado. Reclutados por más de 20 empresas intermediadoras de mano de obra agrícola, todas relacionadas con un mismo contratista, los trabajadores relatan que fueron amenazados con la pérdida de su estatus migratorio si no aceptaban condiciones abusivas: salarios menores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneración de horas extras, habitaciones insalubres y sin autorización para abandonar el predio”.

Altos estándares II.

En otro frente, otra joyita con otros rateros. Esta vez no les traemos el caso de ningún paco coimeando patos malos o generales entrando y saliendo de prisión por robarse el erario nacional ¡no!. En este capítulo traemos otra de vaqueros.

La Junaeb, la institución del Estado que entrega comida rancia a nuestros niños en los colegios públicos, la misma, demandó a  25 empresas que le deben al Estado la módica suma de $30 mil millones de pesos. Nota aparte, según las nuevas bases de licitación, las empresas del rubro que le deban al Estado “podrían” ver afectada su participación en futuras licitaciones. Nótese el “podrían”.También sabemos como va esta historia.

“En las nuevas licitaciones hemos endurecido las exigencias del proceso, para concentrarnos en asegurar la calidad de nuestro Programa de Alimentación Escolar. No se trata de sancionar por sancionar a los proveedores, sino que de asegurar el cumplimiento de las empresas en todo sentido”, relativizó la amenaza Jaime Tohá, director nacional de la Junaeb.

Contó que han  “intentado que las empresas paguen estas deudas” que, nótese nuevamente la inflexión de su declaración, “el cree fehacientemente” “que es necesario saldar”. No es una obligación, él cree que es necesario.

Toha nos aclara que lo que la Contraloría establece es que el pago de multas (los $30 mil millones) que para el caso no sabemos si es por entregar comida podrida, o simplemente largarse con el botín sin entregar la alimentación, es “una obligación administrativa”. Si le roban al Estado, o sea, a todos nosotros, bien ellos si pagan o no, porque apenas sería un desliz de carácter burocrático.

Así, otro día más en el país de los altos estándares empresariales.