Ercilia Ernestina Araya Altamirano, presidenta de la comunidad Colla Pai-Ote, que suma a unas sesenta personas y que posee 2.000 cabezas de ganado -cabritas- tiene experiencia en tribunales. En 2014, denunció ante PDI la contaminación ambiental causada por relaves de la minera Yámana Gold. Los policías llegaron a su rancho, en el sector de Vega Redonda, en la región de Atacama, y, en vez de investigar la denuncia, la acusaron, increíblemente, de apropiarse de objetos arqueológicos.
Detuvieron e interrogaron a su hijo, de entonces 12 años. La casa de doña Ercilia se ubica a pocos metros de un cementerio ancestral y la comunidad ha intentado preservar su historia. Fueron tres años de líos ante los tribunales antes de que el juzgado de garantía finalmente sobreseyera la causa. También, la comunidad ha litigado en contra de los proyectos de explotación del litio en el salar de Maricunga: temen que se queden sin la ya escasa agua.
En su reclamación en contra de la licitación trucha, orquestada, a última hora, por el gobierno de Piñera, doña Ercilia no molestó a los magistrados con referencias en la lengua quechua, que se había convertido en el idioma común de los distintos pueblos originarios que habitan las regiones desérticas y los altiplanos de esa parte de Chile y Argentina, pero que hoy ya está perdida en muchas comunidades. Acudió, al contrario, al latín.
Dijo, en su recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, que la licitación de cuotas del litio representaba un periculum in mora y pedía que los jueces actuaran de acuerdo al fumus boni iuris.
Lo primero se entiende fácil: hay un peligro en la demora; si no se hace nada pronto, se puede consumar un ilícito y una injusticia. Y el fumus es el “humo del buen derecho”; es decir, cuando ya hay señales de quién tiene la razón en una controversia, los jueces deberían anticiparse en proteger los derechos de esa parte, mientras se realiza el procedimiento.
La primera sala de la Corte de Apelaciones local concordó: dictó una orden de no innovar. O sea, suspende los efectos de la licitación y le impide al gobierno realizar los pasos siguientes en el proceso, mientras no se pronuncie el tribunal.
La comunidad reclamó que ellos tienen derecho a ser consultados ya que las cuotas de explotación bien podrían recaer en el salar de Maricunga, en sus tierras ancestrales, y que, además, hay otros grupos indígenas que les podría pasar lo mismo.
En la Corte de Apelaciones de Copiapó las cosas, hace tiempo, no andan como deben. Su presidente, Juan Antonio Poblete, está suspendido de sus funciones, porque simplemente no hace su trabajo. No va a los tribunales, no redacta los fallos, no hace caso cuando sus superiores le exigen que se ponga las pilas. Es el mismo juez que legalizó la operación de espionaje “Topógrafo”, en que la inteligencia del ejército espió a periodistas que publicaban reportajes sobre la corrupción en el instituto armado.
Con tanto desorden administrativo, no es raro, entonces, que la primera sala tuviera una composición especial. La ministra Marcela Araya, el fiscal de la Corte, Carlos Meneses, y la abogada integrante Verónica Álvarez decidieron, en una escueta resolución, que iban tramitar el recurso de protección y que, mientras tanto, todo tenía que parar.
Lo mismo hicieron ante presentación similar presentada por el gobernador regional de Atacama, Mario Vargas. Y lo suyo hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta, aunque sin dictar una orden de no innovar, por recursos presentados por otras comunidades indígenas.
La noticia estalló como una bomba en Santiago.
El gobierno saliente, de Piñera, informó que “nos encontramos analizando los antecedentes”. El entrante, de Boric, señaló que “nuestros abogados están revisando el fallo de la Corte de Apelaciones. Por cierto que lo vamos a revisar en detalle y no tenemos hoy más comentarios que hacer respecto a ese fallo”, en palabras de Giorgio Jackson.
¡Es una hoja, la resolución! ¡Catorce líneas, en Arial, tamaño 12! No hay mucho que analizar, excepto que la decisión judicial cae como un balde de agua de fría sobre espectáculo que habían montado el equipo del presidente electo y los parlamentarios opositores, que se excedían en indignación falsa ante una medida trucha que no iban a revertir.
La escueta y provisional resolución deja al descubierto a todos los partícipes del negocio corrupto con las riquezas nacionales.
De hecho, poco antes de que se conociera el fallo, el ministro de Minería reveló que, en las negociaciones que sostuvo con los emisarios de Boric, antes de la adjudicación formal de la licitación, su contraparte había aceptado los resultados del proceso y celebraban las “concesiones” que había hecho el gobierno.
Así se sostiene en una minuta que, por alguna razón extraña, el equipo de Boric reenvió al ministro Juan Carlos Jobet: “Nuestra postura de cara a la reunión con el ministro Jobet era poder abrir un espacio para incorporar mejoras a la licitación en curso. Las señales que se dieron públicamente apuntaban en esa dirección: postergar la adjudicación para incorporar una serie de criterios que están hoy ausentes en el proceso”. Es cierto, eso fue lo que dijeron en público.
En privado, en cambio, la cosa es distinta: “En la reunión se abordó la dificultad para postergar la adjudicación, pero se abrió el espacio que buscábamos”, es decir, algunas modificaciones: “incorporar en el proceso actual criterios de generación de valor local, retribución a las comunidades, inversión en I+D (investigación y desarrollo)”.
Lo de “incorporar criterios de generación de valor local” es tan vago que ni sus proponentes sabrían qué significa concretamente, pero lo otro, se puede resolver, es sólo dinero que pagarán las mineras. Y Piñera no tuvo problemas en prometer incluir eso en los contratos: plata para las comunidades indígenas, plata para las universidades.
Además, destacan, sólo se licitaron dos de las cinco cuotas. ¡Eso sí es un gesto al nuevo gobierno! En realidad, no, porque el negocio trucho consiste no sólo en entregar el litio chileno, sino favorecer a unas mineras sobre otras. A cambio de… Ya se sabrá.
Que el gobierno de Piñera reclame ahora que sus sucesores digan una cosa en público y negocien otra, en privado, es un poco too much, por supuesto. No tienen autoridad moral, como se dice.
Pero no les importa.
Los que venden la patria no están atados por vínculos de lealtad.