“Se sacará del acta la palabra ‘robo a mano armada’; no corresponde usar este vocabulario en esta sesión especial”. Así, el presidente de la Cámara de Diputados se aseguró de que la única verdad pronunciada en la sala sobre la adjudicación del litio orquestada por el gobierno quedara como lo que es: una frase dicha al viento.

El gobierno anunció que la compañía china BYD se haría de una cuota de explotación de 425.840 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y otra minera, chilena, perteneciente al grupo de Fra Fra Errázuriz, de otra cuota igual.

La decisión ya estaba tomada. Era cosa de ver las ofertas que se habían presentado en la licitación exprés organizada por el gobierno. Pero la noticia coincidió con una sesión especial que se celebraría en Cámara de diputados sobre ese tema. Ahí fue cuando uno de los parlamentarios señaló lo del “robo a mano armada”. Claramente, estaban ante una provocación del Ejecutivo. Los diputados opositores abandonaron la sala en protesta.

A ellos no les cuesta nada ese espectáculo. Más complicado fue para el gobierno entrante.

El presidente electo señaló que todo esto “era una mala noticia” que le recordaba a las “leyes de amarre” que había dejado Pinochet. En su momento, la Concertación también se quejó de esas normas, que le daban, en todo caso, un pretexto perfecto, para que continuara el saqueo que esas leyes permitían.

En este caso, sin embargo, el asunto es un poco distinto. El propio Boric se apresuró en declarar que las cuotas entregadas corresponden a una “atribución exclusiva del gobierno en ejercicio” y que “tenemos que dejar que las instituciones funcionen”.

Pero, antes, había mandado a sus asesores a conversar con ese mismo gobierno.

Y ese no tardó en echar para adelante a esos negociadores. El ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, afirmó que lo único que habían hecho fue ejecutar el acuerdo al que habían llegado con la delegación del presidente electo: que se adjudicarían sólo dos de las cinco cuotas ofrecidas, además de platita para las comunidades locales y para investigación.

¡Ay!

Claro, mientras el futuro gobierno tiene a sus parlamentarios dando vuelta en círculos y aleteando en el aire, para que las cámaras capten su indignación con lo acontecido, sus operadores se estaban arreglando con Piñera.

Uno de ellos, material ministerable, dicen, Miguel Crispi, señaló que “nos sorprende lo que señala el ministro Jobet de que aquí se recogió lo que nosotros le habíamos presentado, lo que le presentó Izkia ese día con Diego”.

¡Ah! La Izkia y el Diego ¿qué habrán hablado en esa reunión?

“No entendemos”, siguió Crispi, “y creo que estos malentendidos le hacen mal a este proceso de transición y, por tanto, esperamos que no se repita”.

Un malentendido. ¡Eso es! Uno creyó que el otro dijo…

Gabriel Boric cerró su declaración con el anuncio de que esperen, nomás; cuando sea presidente de veras va “evaluar” ese asunto, “junto a nuestros equipos”.

Pero no debería molestarse, porque sus “equipos” ya evaluaron la venta del litio chileno. Específicamente, el Diego, Diego Pardow, no vio en la licitación trucha “ningún vicio legal”.

Y otro que fue al encuentro con Jobet, Willy Kracht, el especialista en minería del equipo de Boric, señaló que “las bases, como están redactadas, no dejan espacio para suspender o postergar. Eso es lo que nos dieron a entender. Sin embargo, está la posibilidad de incorporar en los contratos los dos puntos que planteamos: retribución a las comunidades e inversión en investigación y desarrollo”.

Que fue, exactamente, lo que el gobierno dice que acordaron.

Como escribiera Vicente Huidobro en su “Balance Patriótico”: “no es culpa del extranjero que viene a negocios en nuestra tierra. Se compra lo que se vende; en un país en donde se vende conciencias, se compra conciencias. La vergüenza es para el país. El oprobio es para el vendido, no para el comprador”.