La sentencia del tribunal internacional de derechos humanos favorece a 856 profesores y obliga al Estado a pagar en un plazo máximo de tres años más de 4 millones de dólares por “daño moral” y cerca de 84 millones de pesos por concepto de daños materiales o directos. Lamentablemente 184 profesores no alcanzaron este día “histórico” pues fallecieron sin ver subsanado el robo perpetrado por la dictadura y sostenido por todos los gobiernos posteriores.
“Por primera vez, un Estado es condenado por un tribunal internacional de derechos humanos por haber violado el derecho de propiedad, las garantías judiciales y el acceso a la justicia”, sostuvo Ciro Colombara, el abogado que representó a los profesores en la causa ante la CIDH
Giampiero Fava, otro de los abogados afirmó que “durante casi 30 años, el Estado chileno no dio cumplimiento a sentencias judiciales dictadas por tribunales de la República, que reconocían el derecho a favor de los profesores”.
La llamada deuda histórica se originó el año 1981 cuando los profesores fueron traspasados, en dependencia laboral, desde el Ministerio de Educación hacia las municipalidades.
Para compensar el deterioro que ese traspaso significó para los profesores, sumado al deterioro de sus condiciones laborales y salariales durante la dictadura, el Estado se comprometió a entregarles una asignación mediante el Decreto Ley Nº 3.351 del año 1981.
Los nuevos empleadores, los Municipios, desconocieron la deuda. El compromiso nunca se cumplió. Se calcula que habría 93.089 docentes afectados por la deuda histórica por montos cercanos a los 14 mil millones de dólares.