Las noticias de la época no daban cuenta que el día 30 de junio de 1986 Jorge Martin Martínez, un combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez era detenido por el organismo de inteligencia de Carabineros, en calle Mamiña 150, en la comuna de la Cisterna, pasaría cuatro años en prisión hasta escapar el 29 de enero de 1990. En la noche, en el mismo domicilio Carabineros asesinaría a Margarita Martín Martínez, de 43 años, María Paz Martín Martínez, de 30 años e Isidro Salinas Martín, de 18 años de edad, que cursaba el tercer año medio.
La familia venía siendo seguida por Carabineros, porque un año antes había muerto su pariente Pedro Martin Martínez, en un confuso accidente tras la voladura de vías del ferrocarril, quien era militante del FPMR. Ese día de los hechos, tomaron preso a Jorge y eliminaron a los restantes tres familiares.
Los medios de comunicación dirían que se autoeliminaron al verse cercados por personal de Carabineros y publicitarían que todos eran miembros del FPMR.
Los informes de autopsia constatarían que: “El cadáver de Isidro Salinas, presentaba dos impactos en la cabeza, uno de larga y otro de corta distancia”. En el de María Paz Martín, la causa de la muerte, es una herida de bala, cráneo encefálica. La trayectoria seguida por el proyectil, es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón apoyado. En el caso de Margarita Eliana Martín, la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y toráxico por balas con salida de proyectil. Los exámenes a las armas encontradas junto a los cadáveres, eran un revolver marca Colt Calibre 38, en regular estado de funcionamiento y una pistola sin marca modelo D 64 calibre 9 mm. , con un cartucho en su recámara sin percutar”.
La justicia procesó en 1988 a los carabineros: Sergio Gajardo Giadach, que ocupó el cargo de director del Gope, Julio Eladio Benimello Ruz (muerto por la detonación de un cazabobos), José Luna García como autores de homicidio, y como encubridor el coronel Augusto Sobarzo Legido. Pero al pasar el caso a la justicia militar fueron sobreseídos en 1993.
Algunos años después, Luis Fontaine sería ajusticiado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien había sido el jefe del servicio de inteligencia policial en un caso tan violento como éste, el caso “degollados”. En ese entonces, el ministro secretario del interior Enrique Correa, diría que “ninguna persona u organismo, bajo ningún pretexto alguno, puede atentar contra la vida de alguien”. Lo que obviaba el dirigente de la Concertación era que habían negociado la injusticia, y la única manera viable de castigar a los asesinos había sido el ajusticiamiento.