Sí, porque la norma permite que una persona, independiente del delito por el que haya sido sentenciado puede acceder a la libertad si se porta bien. Es el caso de Manuel Liberona, empresario de la explotación sexual infantil, pedófilo, que hoy está libre pues cumplió con los requisitos que la justicia del régimen establece.
A Liberona se les sumaron a sus tres años de cárcel, la prisión preventiva y el proceso de extradición. Se había arrancado, pasando los estrictos controles fronterizos de la PDI, a Paraguay.
No sabemos si en el oportunismo político de la contingencia electoral el Senado decidió ponerle ojo a la norma. Ayer aprobó un informe de la Comisión de Constitución sobre un proyecto de ley que busca modificar las penas de inhabilitación para condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y que además refuerza las penas principales y accesorias contra quienes cometen estos delitos.
¿Vamos a creer en su iniciativa? No. No, porque la infancia para el gobierno de los empresarios y la corruptela política está en el último lugar de sus preocupaciones. Véase el estado del Estado con su Sename. Manuel Liberona, “el empresario” tenía montada su red de explotación sexual infantil con niños y niñas del Sename.
Tan escandalosa es la situación que sin más ambages, la abogada de Liberona, Tabata Recabarren, aclaró que la red de explotación sexual infantil “no es un tipo penal. Él no fue condenado por ese delito (…) ni por una asociación ilícita”.
La defensora de la niñez, Patricia Muñoz señaló que “resulta evidente el peligro que representa para la sociedad la libertad de un sujeto así, que no ha cumplido su pena en integridad” y espera que “el rostro de este sujeto se difunda por el sur del país”.
Así será.