El 15 de noviembre de 2017, el submarino de la Armada argentina “San Juan” se comunicó por última vez con su base de operaciones en Mar del Plata. El capitán informó de un cortocircuito que había provocado un inicio de incendio. A partir de ese momento reinó el silencio.
El sumergible, de clase TR 1700, propulsado a diésel, de fabricación alemana, había sido adquirido en 1985, y había sido refaccionado hace poco. Patrullaba el mar a la altura de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.
44 hombres iban a bordo de la nave. La única noticia adicional que se conoció fueron las señales de una explosión submarina, captadas por los sistemas de monitoreo.
Sus familias se agolparon en las instalaciones militares, pidiendo información. Fueron recibidos con frialdad y desconfianza por los superiores de sus esposos, hijos y hermanos.
La búsqueda, que fue seguida por todo el mundo, fue infructuosa; los recursos para intentar rescatar a los marinos, escasos.
Los familiares culparon a la Armada y al gobierno de incumplir su promesa de hacer todo lo posible por recuperar la nave. Diariamente, acudían a las puertas de la base naval de Mar del Plata. Sin respuesta.
En ese período, el servicio secreto argentino, la AFI, comenzó a vigilar y a espiar a los familiares. Se habían convertido en un estorbo para militares y el gobierno.
El espionaje fue descubierto luego de la intervención de la AFI tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández. La vigilancia de los familiares es sólo uno de los episodios en que el organismo fue utilizado para tareas de espionaje político en favor de Mauricio Macri.
La investigación judicial ha sorteado hasta ahora numerosos obstáculos y recursos dilatorios interpuestos por la defensa de Macri. No pueden negar los hechos. Pero afirman que no fue Macri quien ordenó mantener bajo control a las familias desesperadas.
El juez instructor, Martín Bava, en su auto de procesamiento, señaló que “las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país”. Agrega que se restauró “institucionalmente una serie de prácticas ilegales que se creían erradicadas, muy similares a las de aquella época”.
“¿En qué momento esta comunidad de hombres y mujeres, reconocidos socialmente como el ideal de la abnegación, se convirtieron en una disfunción del sistema, una amenaza al orden social?”, se pregunta el magistrado.
La resolución ordena un embargo por casi un millón de dólares sobre los bienes de Macri, y le impone la prohibición de salir del país.
Pero el expresidente ya lo había hecho. Poco antes de que se conociera el procesamiento, se dirigió a Chile.
Hoy fue recibido en el Palacio de la Moneda por Sebastián Piñera, un gesto de desafío a la justicia.
Allí amenazó: “Ya he dicho que es una persecución política que termina en esto que ya todos sabíamos. Más incómodo es para la Justicia argentina tener jueces como el juez Bava. Es mucho más incómodo para ellos”.
Otro criminal.