Los ostensibles sobresueldos de la campaña a gobernadora de Karina Oliva habían sido visados por el Servicio Electoral. Ese organismo, incluso, habían revisado unos “informes” que justificarían las supuestas asesorías del grupo cercano de la candidata, al igual que los respaldos del “centro de estudios”, creado por la propia Oliva y su grupo.

Una eventual violación a la ley electoral sólo puede ser denunciada por el Servel que, en lo inmediato, difícilmente lo podría hacer. Al fin y al cabo, el Servel le puso el visto bueno a la millonaria rendición de cuentas.

Por eso, pareció un poco raro que el fiscal nacional se metiera en el asunto. Por lo pronto, estaría en lío legal. No puede, por su cuenta, iniciar una investigación y, tampoco, puede meterse en el delito de las boletas ideológicamente falsas, porque eso requiere de una acción del Servicio de Impuestos Internos.

De hecho, el fiscal Héctor Barros informó que le había pedido al Servel que, por favor, presentara una denuncia y, así poder actuar.

Pero, en el intertanto, los abogados del Ministerio Público estuvieron buscando en los textos legales y encontraron algo que podía servir: el artículo 470 Nº8 del Código Penal que persigue a quienes “fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas”.

Un poquito débil el caso, quizás, pero eso ya es una discusión de los abogados. El punto es que Barros quería hacer algo cuanto antes, sobre todo antes de las elecciones. Y para que el mensaje tuviera mayor impacto, le encargó las diligencias a una “unidad de lavado de activos” de… ¡Carabineros! En realidad, se trata de un grupo del OS-7, o sea, drogas. Esa sección, como se sabe, fue reorganizada, junto a la de inteligencia policial -perdón, ese debe ir entre comillas- “inteligencia” policial, decíamos, después de la operación Huracán y los sucesivos descabezamientos de la cúpula de Carabineros.

Digamos que los de “lavado de activos” de la policía uniformada no saben mucho del tema. Y no vamos a mencionar el lavado de dinero que han hecho los propios pacos. Por eso es que, en investigaciones delicadas, los fiscales trabajan con los ratis. Pero en este caso, curiosamente, no.

Y, acto seguido, los pacos fueron a allanar, con escándalo y el GOPE, la sede de Comunes, en horario prime, para que saliera en vivo en los noticieros. No había nadie en el local, por lo que el registro se realizó rompiendo la puerta y, más importante, sin testigos. Otro piquete partió a la casa de Oliva, “a conversar”, algo que normalmente se acuerda por teléfono o mail.

La enérgica e inusual acción anti-corrupción, por supuesto, contrasta con las actuaciones en otros casos políticos. Además, los de Comunes no son los únicos que presentaron rendiciones de cuentas electorales con honorarios millonarios.

A dos días de las elecciones, el súbito interés de los fiscales por la probidad, más se asemeja a un apriete, un mensaje mafioso, dirigido -no a Oliva, que ya poco importa- sino al candidato Yellow, que se ha mostrado sumamente “apretable”.