La muerte ocurrió durante una incursión de miembros de un Órgano de Resistencia Territorial al fundo Santa Ana Tres Palos con el fin de quemar maquinaria de la forestal Mininco. Dicho sector estaba con protección policial de punto fijo de dos carabineros. En un primer instante, repelieron el ataque desde lejos. En ese momento que llegan otros dos carabineros que hacían su ronda en una camioneta que presta servicios a forestal Mininco. Se bajan y comienzan a disparar con subametralladoras y escopetas. De los disparos, según la versión oficial, resulta muerto Pablo Marchant.

Todo lo que viene después es una secuencia de actos sospechosos. Al principio, surge la noticia de que el muerto es Ernesto Llaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. La muerte ocurre por un disparo en la cabeza, muy parecido a otras muertes en la zona. Se encuentra un fusil, con más poder de fuego que el que tenían los carabineros y que no fue usado contra ellos. Los atacantes queman vehículos frente a los policías. Los carabineros que llegan al lugar, abren fuego inmediatamente, disparando incluso a las posiciones en que se ubicaban sus camaradas. El mismo funcionario que efectuó el disparo mortal se queda cuidando el lugar del incidente.

Ante las dudas y discrepancias surgidas desde el primer momento, familiares de Pablo piden un segundo peritaje del cuerpo. La autopsia ejecutada por funcionarios del Servicio Médico Legal de Temuco planteaba que había muerto por un traumatismo craneal por el disparo de un arma.

Lo que resulta del segundo peritaje es decidor: Pablo estaba vivo cuando recibió un tiro de escopeta en el brazo y estaba de rodillas en el camino, con la cabeza hacia abajo. Luego el cabo Hugo Rodrigo Huenchuvil Antil se habría acercado; puso el cañón de la escopeta en la cabeza y disparó. Luego, recogió el cartucho y lo tiró a tres metros de distancia, para argumentar que fue en defensa propia y que sintió su vida en peligro y que no había apuntado cuando efectuó el disparo. El funcionario que lo acompañaba, el sargento Eduardo Elías Mora Almendra, se hace partícipe y cómplice de este montaje.

Como ha ocurrido con la justicia, pasarán años antes de que se sepa fehacientemente cómo ocurrió el incidente, pero cuando eso ocurra, como ha pasado en otros casos, el culpable saldrá libre sin haber estado jamás preso, amparado por el Estado y la justicia. Por mientras, seguirá subiendo de rango, le seguirán pagando el sueldo, será representado por abogados pagados por todos los chilenos y el delito cometido quedará impune.

Esto lo vimos hace poco con la condena al carabinero mayor Marco Treuber que mató a Alex Lemún de un disparo en la cabeza, también en un fundo de la forestal Mininco y que, por mientras, siguió subiendo de rango. Llegó a coronel y recibe del Estado una jugosa jubilación.

Estos hechos trágicos no sólo involucran a funcionarios estatales en violaciones a los derechos humanos, sino que nos llaman a cuestionar los métodos usados por carabineros en la Araucanía y que de la misma forma usaron contra los manifestantes desde el 18 de octubre del 2019. Una policía servil a la burguesía, que es manipulada por los órganos judiciales para ser guardias privados y proteger intereses económicos, que se colude mediante los círculos de alguaciles y otros organismos y redes para tener incidencia política, y que protege a grupos paramilitares de derecha.

Como se ha dicho muchas veces, este tipo de policía no puede continuar. Carabineros de Chile debe ser disuelto y deben ser juzgados cada uno de sus integrantes que cometieron algún delito.