Ricardo Lagos Escobar había tenido una carrera singular. Su carrera política había sido gris, protegida por su condición de funcionario de organismos internacionales. Se hizo conocido cuando en un programa de televisión, en las postrimerías de la dictadura, increpó a Pinochet a través de las cámaras. La fama que le granjeó ese gesto, la convirtió en una supuesta valentía que, en su cabeza, superaría con creces los méritos de cualquier persona que se hubiese enfrentado a la dictadura.

Esa ambición desmedida lo catapultó a la primera línea política y a convertirse en una especie de candidato natural, luego de los gobiernos democratacristianos. Asumiría la presidencia de Chile para el período 2000-2006.

La predestinación que Lagos suponía para ese cargo, sin embargo, fue desmentida por los resultados electorales. La derecha, que escondió su verdadera faz política tras el reclamo de un “cambio”, por poco frustra la presidencia de Lagos.

El rechazo a la Concertación, a la política de los acuerdos, se manifestaba, paradójicamente, cuando sus partidos habían consolidado su dominio en todos los niveles del aparato del Estado, cuando habían permeado todos los ámbitos del régimen, antes dominados por los partidarios de la dictadura. No le era ajeno ni el Poder Judicial, ni las Fuerzas Armadas y las policías, ni las iglesias, ni la burguesía.

Lo que sí le era extraña, era la población, en el doble sentido del término. Los barrios populares -se quejaban los operadores de la Concertación, pero también muchos activistas de izquierda que mantenían una posición crítica- eran ahora “bastiones de la UDI”, conquistadas a punta de cohecho, prebendas y la cooptación de arribistas y dirigentes. Pero esa imagen no reflejaba una presencia real de la derecha, sino, al contrario, el abandono de la izquierda.   

El fin del período de oro del saqueo, en que hubo una expansión productiva -por ejemplo, la puesta en marcha de nuevos y grandes yacimientos mineros, controladas por transnacionales- dio origen a una nueva etapa: el saqueo parasitario, la extracción del “raspado de la olla”.

El gobierno de Lagos fue el gobierno de la corrupción, porque consistió en el desplazamiento de los recursos del Estado a manos de intereses privados bien conectados. Esto se verificó en la puesta en marcha de numerosos proyectos de obras públicas concesionadas.

Muy pronto salió a la luz un escándalo de tal proporción que cuesta fijarlo con palabras. Quizás por eso se llamó anodinamente “caso MOP-gate”. Ministros y altos funcionarios recibían mensualmente un sobre con dinero, un “sobresueldo”. Los recursos provenían de las empresas que controlaban las concesiones. Estas coimas gigantescas se acumulaban en un fondo que era administrado por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, donde Lagos había ejercido de ministro, y distribuidas entre los interesados.

Cuando se conoció esta trama corrupta, la justicia sólo pudo perseguir a unos pocos funcionarios. Los capitales extranjeros, que habían literalmente comprado a la plana mayor del aparato público, no fueron investigados.

Un acuerdo político entre el gobierno y la UDI, que se había erigido en el partido dirigente de la derecha, aseguró amplia impunidad para los involucrados; las coimas pasaron a ser aumentos de sueldos que, indirectamente, terminaron por beneficiar a todos los altos jefes del aparato estatal, incluyendo a los parlamentarios; y los dineros mal habidos fueron declarados… ¡libres de impuestos!

Ahora, burócratas y legisladores cobraban al nivel de Alemania, Francia o Estados Unidos, o más, pero regían sobre Chile, un país en que las consecuencias del saqueo ya se mostraban en declive económico y en las consecuencias sociales y ambientales de la explotación ilimitada de los recursos naturales.

El “caso MOP-gate” define adecuadamente a este gobierno.

Sin embargo, éste sería pletórico en “realizaciones”:

• La implementación de la jornada escolar completa, que tenía como trasfondo la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. Mientras los empresarios obtenían mano de obra barata, las escuelas se convertirían en guarderías.
• La elaboración y la implementación de las primeras etapas del plan del Transantiago, que redundaría, más tarde, en el colapso del transporte público en la capital y traspaso de fondos millonarios permanentes desde el Estado a intereses privados.
• La modificación de la Constitución de 1980, como resultado de un acuerdo con la derecha. Éste arreglo fue presentado como su legitimación democrática, a partir del decreto ordena su publicación en el Diario Oficial, firmado por Lagos y sus ministros. Con ello, ya no sería necesaria suprimirla o cambiarla, según la doctrina así impuesta.
• El establecimiento de la “mesa de diálogo” con las Fuerzas Armadas y la redacción del informe Valech, ambos con el propósito de fijar un “punto final” a la persecución de los crímenes de la dictadura. El cálculo era que, otorgando beneficios a víctimas y familiares se podría comprar la impunidad para los asesinos y torturadores.
• Chile se alineó firmemente a las políticas de Estados Unidos en la región. Fue uno de los países que participó de la conjura internacional que preparó el golpe fallido en Venezuela en 2002.
• La corrupción en beneficio de consorcios internacionales se extiende a los grupos económicos locales. Se dictan leyes, se aplican medidas y se permiten operaciones que les favorecen directamente, como la ley corta de pesca, para el grupo Angelini, o préstamos estatales para que el grupo Luksic comprara el Banco de Chile, por ejemplo.
• Se comienza a golpear al movimiento mapuche con represión y juicios comparables a los tribunales peruanos de la época de Fujimori, donde se presentaban testigos enmascarados y jueces sin rostro.
• Se inventa otra enorme corruptela: el crédito con aval del Estado. El mecanismo serviría para financiar el lucro de universidades privadas y permitirles ganar posiciones dominantes en el “mercado educativo”, además de traspasar ingentes recursos fiscales al sistema bancario. La consecuencia para los que contrajeron aquellos créditos fue una deuda impagable y embargos judiciales.

En suma, el gobierno de la corrupción trasladó el saqueo de la economía en general hacia el Estado. Pronto todas sus instituciones, pero especialmente las Fuerzas Armadas y las policías, se regirían por la consigna “no quiero que me den; póngame donde haiga”.