Muchos quizás no conozcan que la teoría de los poderes del Estado emanan de John Locke, un filósofo inglés del siglo XVII, que propuso que el Estado debía constituirse de un poder ejecutivo, legislativo y federal. Más tarde, otro filósofo, pero francés, incluirá el poder judicial. Era previsible que tanto poder en una sola mano acarrearía problemas a una parte de la sociedad. La independencia, significaba que no solo no de dependían el uno del otro, sino que podían y debían actuar sin ninguna interferencia de los otros poderes.
En nuestro país, tales poderes hacen gala de independencia en discursos y entrevistas, pero tras la fachada se esconde una verdad que todos apreciamos diariamente, los poderes interactúan impunemente uno sobre otro.
Durante la dictadura militar, el poder judicial actuaba simbióticamente con el poder ejecutivo, no se distinguían en sus decisiones. Con el fin de la dictadura y los gobiernos de la Concertación, el poder ejecutivo, muchas veces tenía que hacer frente a la colusión del poder legislativo y judicial, con el tiempo y la reducción de los fans de la dictadura, otra vez la política comenzó a funcionar de manera normal, es decir, el poder ejecutivo manda, el poder legislativo hace intentos de disputarle el poder, y el poder judicial, es comparsa en este juego.
En los últimos años y dependiendo de los gobiernos, hemos tenido en un momento una primacía del poder legislativo sobre el ejecutivo en el segundo gobierno de Bachelet y una alarmante subordinación del poder judicial al ejecutivo en el presente gobierno. Esto queda en evidencia en el encarcelamiento de los jóvenes en los días posteriores al levantamiento popular del 2019, donde el poder judicial vergonzosamente no cumplió con el principal postulado para el cual fue creado: hacer justicia. En cambio, dejó en libertad o no judicializó los casos en contra de los funcionarios policiales y de las fuerzas armadas que vulneraron los derechos humanos. Solo este hecho, debería motivar la reestructuración y renovación completa del poder judicial, además de perseguir penalmente a los jueces que por acción u omisión no juzgaron a los culpables, es decir no cumplieron con uno de los deberes que les definen «impartir justicia».
Ahora bien, uno puede preguntarse por qué no funcionan los poderes en su independencia. La respuesta es muy simple, porque quien dirige al país es una sola clase, la burguesía. Esta compra a los políticos, quienes a su vez operan beneficiando a sus mecenas y se hacen ricos en el trayecto. Tenemos que tener claridad que a la burguesía le importa un bledo los pequeños comerciantes, los trabajadores, los estudiantes e incluso todas las personas normales. Hemos visto que cuando es necesario a través de los poderes del Estado, manejan los hilos de la política, y mandan a sus lacayos a matar, a torturar, a reprimir. A cambio de estos servicios reciben su retribución, por ejemplo, en el caso de los carabineros el pago se concretó a través de un bono en dinero. En el caso de las fuerzas armadas, siempre saben recompensar a quienes no tienen dignidad. Así las cosas, estos poderes protegen y apoyan descaradamente a las lacras de la sociedad, es decir, a las fuerzas armadas y policías. Incluso, de manera inconcebible, siguen amnistiando a asesinos culpados por crímenes durante la dictadura, esto habla de la urgencia de cambiar el sistema judicial.
El problema es que los partidos políticos del régimen traspasan los tres poderes y se encuentran en ellos, de manera que cualquier ley que emane, lo proclama el gobierno y el poder judicial lo lleva a cabo. De esta forma, las leyes benefician a la burguesía y a sus lacayos, y son penosas para las personas que luchan por sus derechos. Esto no es algo excepcional del país, pues ocurre de la misma manera en toda Latinoamérica.
Entender esto es fundamental. Cualquier cambio que se produzca debe resolver qué ocurrirá con estos tres poderes. Deben ser eliminados y se debe encontrar una nueva manera más popular de conducir el país. De no ser así, seguiremos alimentando la misma burocracia anquilosada que pretende dar clases de justicia y libertad, cuando solo buscan dinero y poder. Este cambio, no lo pueden hacer los políticos, solo lo hará el pueblo, en una transformación profunda de la sociedad.