El narcofuncionario: un retrato de época

La detención de un militante de RN, encargado de los drones de vigilancia en la región de Antofagasta, programa financiado con más de $500 millones de pesos por la Subsecretaría de Prevención del Delito, imputado de actividades delictuales en conjunto con las bandas de narcotráfico que debía desbaratar, tiene a la derecha con los pelos de punta. El asunto de fondo es que se trata apenas de un botón de muestra.

Podría haberse llamado Juan o Pedro, pero se llama Wladimir. Podría haber sido militante de la UDI, de la DC o del PS, pero militaba en RN.  Podría haber vivido en Concepción o en Puerto Cisnes, pero vivía en Antofagasta. Un auténtico funcionario de provincias. Un conocedor de los mecanismos adecuados y  los contactos correctos. Wladimir Alexis Pizarro Baltras, de 37 años de edad, logró llegar a la cúspide de la burocracia regional trepando hábilmente. Sin ser parte de la fronda aristocrática local, ni poseer estudios extraordinarios, había comprendido qué decir o qué hacer o qué posición tomar para escalar en una sociedad de clases como la nuestra. Un oportunista. Uno que hasta antes de su caída se codeaba con la crème de la crème de la política.

La foto de Twitter de Wladimir Pizarro Baltras

¿Un operador político recabador de votos o un capo de provincia ?

A Wladimir lo conocían en la zona como operador político. “¿Qué es un operador político? No es un extraterrestre, tampoco un mafioso, es una persona que dice que trabaja, pero en realidad su pega es hacer activismo en la sombra de los servicios públicos, nunca está trabajando en su escritorio, pero llega a fin de mes a cobrar su sueldo”, la definición es ¡sorpresa! de Renovación Nacional (RN), partido al cual pertenecía Wladimir, o  pertenece. Desconocemos si ya se concretó la expulsión «inmediata» que solicitó Francisco Chahuán cuando las redes explotaron con la noticia de que Wladimir, junto a otros tres individuos identificados como Bernardo Rojas, Cristián Orellana y Pablo García, quedaban en prisión preventiva luego que el fiscal Juan Castro Bekios, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Antofagasta, los formalizara por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, receptación y uso de patente de otro vehículo.

La definición de RN es falsa en un aspecto, porque el apelativo de “mafioso” en su sentido estricto, es precisamente lo que define la conducta del acusado. El poder mafioso no se establece por sucesión hereditaria, obedece a reglas distintas de la burguesía clásica. Wladimir no nació mafioso, se volvió mafioso. Porque ese es el camino ideal para ascender en la sociedad de clases si no has recibido ningún imperio en herencia. Como un mafioso puedes aspirar a conquistar ese imperio.

Wladimir realizaba sus reuniones para coordinar el transporte de droga desde el corazón mismo del poder, la Intendencia de Antofagasta, según difunden los medios que citan información de fuentes policiales. Abandonemos pues, toda ingenuidad. Estos personajes no tienen escrúpulos, su moral, es la moral del dinero. Si de obtener ganancias se trata, no hay límites que no estén dispuestos a cruzar.

Uno puede imaginarse a este descollante burócrata, similar a otros, de otras ciudades de provincia, charlando con sus pares en algún café del paseo Prat, en La Perla o del paseo Barros Arana en Conce o del paseo Baquedano en Iquique. Cenando en la noche en compañía de la plana mayor del partido en algún restaurant chic. Para al día siguiente, recuperado de la opípara comida, coordinar el “trabajo” con sus compinches.

El ahora imputado era, hasta el 26 de octubre de este año, funcionario de la delegación presidencial en la región y se desempeñaba como supervisor de operadores de drones, en un programa financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta arista del caso podría seguir dejando víctimas en el escenario político local, ya que el actual gobernador Ricardo Díaz está exigiendo detalle de las millonarias licitaciones en la implementación de los drones de vigilancia.

Paralelamente a las funciones como encargado del sistema de drones, que le servían de tapadera de sus actividades delictuales, Wladimir, en su rol de operador político era un activo “troll” beta. Incansable en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde no daba tregua con sus posteos alabando a sus patrones y denostando a los que pudieran ser enemigos de ellos. Mintiendo a diestra y siniestra.

El 26 de octubre recién pasado, en un operativo del OS7 de Carabineros de la comuna de Baquedano fueron detenidos los imputados Bernardo Rojas y Cristian Orellana, además de otro imputado, Pablo García, quienes viajaban en un vehículo que era punta de lanza de otra camioneta que venía más atrás y portaba logotipos del gobierno. En su interior viajaba Wladimir Pizarro, el supervisor de vigilancia de drones, «con la credencial de funcionario al cuello» y con 23 kilos de marihuana y 2 kilos de cocaína. Detenido sin que opusiera resistencia, hoy espera su juicio tras las rejas.

Este no pasa, sin embargo de ser un nuevo escándalo de corrupción, narcotráfico, vínculos con el poder político, y violencia, protagonizado por un personaje como los que abundan en los laberintos del régimen. Nada más, nada menos. En síntesis, un retrato de época.