Al menos 77 jóvenes cumplen prisión preventiva por supuestos delitos cometido durante el levantamiento popular de octubre. Hoy fueron liberados en un fallo unánime del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, de los cargos formulados por la fiscalía.

En este como en todos los otros casos que se han ido desmoronando, el tribunal estableció que los antecedentes entregados por Fiscalía no demostraron que los jóvenes participaron de los hechos de los que fueron acusados y encarcelados durante dos años.

La pruebas “aportadas” por la fiscalía debían acreditar la conducta que les atribuía a los imputados en los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2019, cuando alrededor de las 19 horas, mientras en Quilpué se realizaban manifestaciones públicas, un grupo de individuos no identificados concurrieron hasta el frontis de la Municipalidad de ciudad procediendo a prender fuego al edificio.

Sin embargo, señala la resolución, “no se probó ningún concierto entre los acusados, ni entre alguno de ellos, ni con los ejecutores del incendio, más aún, ni siquiera se rindió prueba al efecto y de las imágenes exhibidas, tal concierto no se desprende de manera alguna”

Tras la lectura de la resolución, el tribunal ordenó se dejara en libera inmediata a los muchachos. El abogado que representó a Sergio Jaramillo, Juan Carlos Manríquez, indicó que durante la audiencia quedó en evidencia que “hubo inconsistencias e incongruencias en las pruebas. Particularmente la distinción entre poner fuego y causar incendio”.

La Fiscal Jefe de Quilpué, Mónica Arancibia con la cara sin vergüenza, como es de esperar de estos funcionarios serviles y corruptos al servicio de la represión contra el pueblo, señaló que analizarán la sentencia para ver si procede un recurso de nulidad. Pero el fallo es contundente y lapidario.

Arancibia argumentó que esos mismos antecedentes, que fueron desechados en el juicio, sirvieron para que el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones impusieran la prisión preventiva. Es decir, ante la revelación de las mentiras de la fiscalía, ésta pretende ahora escudarse en la magnitud de la injusticia causada.