Piñera, con uñas y dientes

Lo hizo de nuevo. Piñera anunció su intención de prorrogar el estado de excepción en cuatro provincias del sur. Esta vez, deberá contar con la aprobación del Congreso. La decisión parece destinada a crear una apariencia de cohesión en la derecha, además de aferrarse él mismo al cargo, durante el período del juicio político en su contra.

El anuncio ocurre después de que se conociera la noticia del descarrilamiento de un tren, de tres vagones, y el incendio de su carga, madera explotada por CMPC, del grupo Matte. Los hechos han sido presentados como un atentado, pero en la relación de los detalles, realizada por las autoridades, todo es un poco más nebuloso.

El personal del convoy no vio a ninguna persona después del descarrilamiento, según se informó. El sabotaje se habría –en condicional- realizado mediante la extracción de una de las uniones de los rieles; el incendio de los carros habría sido provocado por terceros y, finalmente, un lienzo con la consigna “fuera milicos” y “libertad a los PPM” (presos políticos mapuche) sería la confirmación de que se trató de un ataque, pero, dice la policía, también es posible que estuviera allí de antes.

No hay cómo saber qué pasó. Sólo se puede especular. La reacción del gobierno fue, en cambio, bastante clara: “esto justifica el estado de excepción”, dijo el delegado presidencial de la Araucanía, quien calificó los daños a las máquinas y a la carga como un “ataque a la vida de las personas”, porque “pudo haber sido un tren de pasajeros”.

El jefe de zona de Carabineros no quiso ser menos y se quejó de que los presuntos saboteadores serían un “adversario que utilizó la sorpresa en un lugar de difícil acceso”. Agregó que “tampoco hay una visibilidad que nos permita advertir la presencia de sujetos” desde la Ruta 5 Sur.

Claramente, se trata de gente mala, muy mala, que no da aviso previo a Carabineros antes de cometer sus fechorías.

Si esto ya “justifica el estado de excepción”, Piñera quiso dar más razones: informó que se han realizado 20 mil controles y se han detenido a 59 personas con órdenes de aprehensión pendientes.

Todo un éxito para el régimen militar sureño, especialmente si se recuerda que en los antiguos operativos de fin de semana, inaugurados durante el gobierno de Bachelet, la policía arrestaba, por la misma causa, entre 600 y mil personas ¡en tres días!

La farsa militar es una comedia política, que ahora se trasladará al Congreso. Allí, en medio de la tramitación de la acusación constitucional y, prácticamente, en vísperas de las elecciones, los parlamentarios deberán decidir si autorizan o no una nueva prórroga del estado de excepción.

La iniciativa es una pequeña ayuda a una derecha fragmentada y, lógicamente, causará división en la llamada “oposición”.