La movilización fue convocada por organizaciones sindicales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, que representa especialmente a pequeños propietarios rurales. Las protestas se extendieron en diversas zonas del país, con cortes de ruta, y marchas y concentraciones en la capital Quito, que fueron objeto de una dura represión policial.

Entre las demandas más marcadas figuran frenar el alza de los combustibles, además del rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Lasso.

Las movilizaciones asemejan el regreso al ciclo de 2019, cuando un movimiento similar obligó al entonces presidente Lenin Moreno a huir de Quito y buscar refugio en Guayaquil. Entonces, el movimiento popular se frenó luego de las negociaciones de la dirigencia de la CONAIE con Moreno.

El derechista Guillermo Lasso, que se impuso en las elecciones subsiguientes, entre otros factores, debido al apoyo tácito de parte de las organizaciones indigenistas, está ahora debilitado luego de que los Pandora Papers revelaran que posee una serie de empresas en paraísos fiscales, una práctica explícitamente prohibida por la ley ecuatoriana.

El gobierno se anticipó al movimiento declarando un estado de excepción en todo el territorio nacional, dirigido, supuestamente, en contra del aumento de la criminalidad. Lasso ha buscado apoyarse en el ejército ante la crisis. Este miércoles, en medio de las protestas celebró, durante una ceremonia castrense, la adquisición de radares y otro equipamiento militar, al mismo tiempo que impulsa una ley en el parlamento que autoriza derribar avionetas usadas por narcotraficantes.

El despliegue militar no logró detener las movilizaciones, pero el gobierno espera poder quitarles impulso con la declaración de feriado obligatorio de cinco días a partir de este sábado.

Las organizaciones sindicales han señalado que podrían convocar a un paro nacional a partir de la próxima semana.