Carabineros había informado, poco después del crimen, de que había dado de bajo al funcionario, cuyo nombre no se ha dado a conocer. La rapidez de la decisión se debió, sin duda, a la existencia de una prueba altamente incriminatoria: un video que muestra como la víctima, un hombre de 37 años era presionado en contra de una pared por varios funcionarios, mientras uno de ellos lo asfixiaba.
En la audiencia de formalización, el juzgado de garantía decidió que ese carabinero ingresara a prisión preventiva, imputado por el delito de apremios ilegítimos con circunstancias de homicidio. La actuación de los otros funcionarios que lo ayudaron, por ahora, no es objeto del interés de la justicia.
La defensa del policía indicó que éste había actuado en defensa propia, debido a que, previamente, la víctima habría opuesto resistencia al “procedimiento”. Sin embargo, el registro muestra a una persona completamente reducida, con sus manos esposadas.
El hecho no es excepcional. Lo que es excepcional es la circunstancia de que, en esta ocasión, se preservó el video. De lo contrario, la muerte del detenido habría sido atribuida a cualquier causa que hubiesen inventado los autores de su asesinato.
Y esa es la regla para las torturas y homicidios cometidos por la policía en instalaciones fiscales.