El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura, de oficio, de una investigación por los presuntos delitos de cohecho y soborno, en contra de Sebastián Piñera y otros, luego de que se conocieran el contrato, hasta ahora secreto, de compraventa de la minera Dominga, suscrito, mediante compañías de papel, en las Islas Vírgenes Británicas. El trato involucra a Piñera, a su socio Carlos Alberto Délano, dueño de Penta, y una cláusula especial que garantiza la continuidad de Dominga, gracias a la intervención del propio Piñera en su calidad de presidente de la República.
La fiscalía reconoció que existían ya indicios del arreglo corrupto en el expediente acumulado por fiscal Manuel Guerra en el llamado caso Exalmar en 2017, pero que “esa línea de investigación no fue seguida” por el Ministerio Público.
Los abogados de Piñera se aferran, justamente, a ese hecho para impedir que la justicia actúe, argumentado que existe cosa juzgada en la materia. Pero no contaban con las masivas filtraciones de los Pandora Papers que han sacudido a gobiernos y magnates empresariales en todo el mundo.
En una comparecencia pública, Piñera repitió sus mentiras: que su manejos truchos “ya fueron conocidos y juzgados”, ignorando la revelación del contrato incriminatorio. También insistió con el fideicomiso ciego que estableció en 2009, ocultando, nuevamente, que ese no tiene aplicación para empresas constituidas fuera de Chile, como las compañías fantasmas mediante las que operaba en paraísos fiscales.
Cada una de esas afirmaciones falsas ameritaría, de por sí, su destitución o, en el caso de una persona capaz de comprender, aunque no ejercer, el concepto de honor, su renuncia.
En cambio, el presidente corrupto pretende que la ciudadanía llore con él sus infortunios. En una primera ocasión, se había lamentado de los supuestos “perjuicios” que habría sufrido por ejercer el cargo de presidente de la República, en circunstancias que, según estimaciones, habría incrementado su patrimonio de 2,6 mil millones de dólares a 2,9 mil millones, sólo en el último año.
Este viernes afirmó que “durante los casi ocho años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio, porque, sin duda, éstas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no sólo para mí persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este gobierno”.
Pero el presidente corrupto no puede invocar honor alguno, considerando la constancia de su conducta deshonrosa. Tampoco tiene derecho a hablar de responsabilidad. Quien, siendo un vulgar ladrón, le declaró la guerra a su propio pueblo, con el fin de mantener un sistema corrupto, y para proteger su impunidad personal, constituye la negación de todo sentido de responsabilidad.
Los sacrificios y el dolor que evoca, en tanto, pertenecen a los hombres y mujeres trabajadores de Chile, que actúan con decencia y decoro, no a la familia del presidente corrupto, y no a su persona, vulgar en la superficie, y moralmente deformada en el fondo.