Los documentos revelados por los Pandora Papers no estuvieron incluidos en la investigación realizada por el fiscal Manuel Guerra en 2017. Según “La Tercera”, ese es el resultado de una revisión efectuada en los últimos días a los diez tomos de las indagatorias que terminaron con el sobreseimiento de la causa.
Esto significa dos cosas: uno, que Piñera mintió descaradamente en cadena nacional; y dos, que se podría iniciar una nueva investigación por los negocios sucios entre el presidente corrupto y su socio, también corrupto, Carlos Alberto Délano, en Islas Vírgenes.
Ambas consecuencias no son sorprendentes en sí mismas. Pero reflejan que el Ministerio Público, y su jefe, el fiscal nacional, Jorge Abbott, no quieren caer junto a Piñera.
En la investigación original, iniciada por una querella presentada por el entonces diputado del PC, Hugo Gutiérrez, el fiscal a cargo de las indagatorias, había mostrado con claridad su intención de enterrar ese asunto, al igual que los manejos corruptos de Piñera con intereses pesqueros en Perú, en el mismo período en que el Estado chileno se enfrentaba al país vecino ante la Corte de La Haya por la ampliación de los límites marítimos decretada por el parlamento peruano.
El fiscal Guerra, quien jugó un papel determinante para cerrar los casos de coimas a los políticos y que accedió a las clases de ética como sanción para el socio de Piñera, Carlos Alberto Délano, no accedió a las peticiones de los querellantes para incautar correos electrónicos y buscar la evidencia. Al final, tomó como verdaderas las declaraciones de los empleados de Piñera y cerró el caso.
De eso se colgó Piñera luego de la revelación de los Pandora Papers. Insistió en que “no había nada nuevo”, que todas sus maniobras oscuras “ya se conocían”. Una curiosa defensa: ¿cómo una denuncia de corrupción podía ser un argumento exculpatorio?
En el mundo de Piñera, todo sirve. Porque, si los antecedentes de los Pandora Papers son efectivamente nuevos, el cierre de la investigación decretada por fiscales solícitos, ya no lo protege.
La mentira flagrante de Piñera se sostenía en un solo cálculo: que la fiscalía avalaría su versión porque, de lo contrario, la propia investigación del Ministerio Público quedaría desacreditada como una operación para proteger a Piñera.
El caso judicial seguirá enredándose. Según la defensa de Piñera, el hecho de que él hubiese ocultado el contrato en Islas Vírgenes entre dos compañías de fachada, una de Piñera, otra de Délano, no importa nada, porque, en su momento, sí se habría entregado a la fiscalía un documento en el que constaría un “acuerdo” de traspasar la propiedad de Dominga. Eso hace mucho sentido: ¿quién, si es obligado por la justicia a entregar todos los antecedentes, va a revelar un contrato incriminatorio entre dos compañías truchas creadas en un paraíso fiscal, si puede contentar a los investigadores con un acuerdo privado sin valor legal y sin que nadie se pregunte “¡bah! qué raro”. ¿Quién haría algo así? Sólo Piñera y una fiscalía que lo encubre.
Pero mientras “la justicia” se complica, la política se vuelve harta más sencilla. Ya va quedando claro que la amenaza de una acusación constitucional se va a ver en la Cámara de Diputados y que el pronóstico para Piñera empeora cada día. En la derecha ya se declararon los primeros desertores y hay varios más que, sotto voce, dicen que van a votar a favor de la acusación. Tienen demasiadas cuentas pendientes con su presidente.
La crisis del régimen se agrava. Esperan que, sacrificando a Piñera, pueden salvarse. Pero no deberían subestimarlo, ni deberían desechar livianamente la advertencia que hizo La Moneda: con la misma soga que aprietan ahora el cuello del corrupto presidente, podrán colgar a varios de sus acusadores de último minuto.