La voz de Jaime Bellolio, el vocero de gobierno, evidenció el estado de pánico que reina en La Moneda. De un mezzosoprano normal, pasó a soprano agudo en más de una ocasión. Evocó la “idea de la presidencia, en genérico”, que estaría siendo amenazada; el “daño” que se le estaría causando a “la república” y a “la democracia”. Repitió la versión elaborada el mismo domingo por los asesores de Piñera: la investigación del caso Exalmar en 2017, que fue sobreseída, estableció la “absoluta inocencia” de Piñera.
Y con especial insistencia volvió sobre un punto que es muy revelador: según el gobierno y el propio Piñera “no hay nada nuevo”, las revelaciones de los Pandora Papers “ya eran conocidas por la opinión pública”.
Según la particular lógica de La Moneda, la existencia previa de una denuncia de corrupción exculpa a su autor cuando, finalmente, aparece la prueba material del delito.
Es cierto, un reportaje publicado por Radio Biobío de 2016 había mencionado el traspaso de Dominga de Piñera a su socio Carlos Alberto Délano, cuando el primero ya era presidente, a fines del 2010. Y en esa investigación se mencionó la existencia de la cláusula incriminatoria: la última cuota se pagaría sólo si el gobierno no imponía medidas regulatorias que perjudicaran el proyecto minero.
Y es cierto que esa denuncia periodística era conocida porque el diputado del PC presentó en 2016 una querella en contra de Piñera, basándose, precisamente, en esas publicaciones. Lo que no tenían ni los periodistas, ni Gutiérrez, es lo que la fiscalía no quiso conseguir: pruebas.
Lo que demuestran los Pandora Papers no es sólo el delito, sino su encubrimiento.
La idea de una acusación constitucional contra Piñera, inicialmente, fue aislada. La diputada Pamela Jiles declaró que tenía dos de las diez firmas requeridas: la suya y de su colega Félix González. “¡Faltan ocho!”, exclamó.
Los partidos opositores querían darle largas al asunto: sólo le pedían “explicaciones” a Piñera. Pero el riesgo de que se sumaran, entre parlamentarios sueltos, las firmas para echar andar un proceso que después no podrían controlar, los alertó.
Y, especialmente, la DC vio una oportunidad. Si la destitución de Piñera pasa al Senado, donde se requieren dos tercios de los votos, el peso relativo de la Democracia para decidir si lo dejan caer, lo salvan o negocian otra cosa, crece casi exponencialmente.
El Senado es importante. Podría ser la oportunidad también para la candidata DC, Yasna Provoste, si se aprueba allí, como es probable, el cuarto retiro. Provoste se atribuiría todo el mérito. Una oportunidad interesante, considerando el derrumbe del candidato de Piñera, Sebastián Sichel, y la actitud de obstrucción que demostraron Gabriel Boric y su coalición ante al cuarto retiro.
Una vez que la DC, tras bambalinas, empezó a moverse, los otros partidos quedaron sin margen. Rápidamente, se sumaron los renuentes: el PC, el FA, y el resto de la ex Concertación.
La decisión coincidirá con las elecciones presidenciales. Dependiendo de las circunstancias, podría aprobarse en la Cámara de Diputados. Sólo se requiere mayoría. Entonces, el Senado sería el gran tribunal sobre la suerte de Piñera, pero también sobre el destino del régimen.
Si lo destituyen, los partidos compran algo de tiempo, al precio de haber agravado la crisis política a un nivel extremo. Si lo salvan, agravan la crisis política a un nivel extremo, pero sin ese respiro adicional. Hagan lo que hagan, están fregados. Nuestro pronóstico -por ahora, hay que ver todavía- es: Piñera se salva. ¿Por qué? Porque esta gente siempre opta por el peor camino. La característica de la crisis del régimen dominante consiste, justamente, en que cada desesperado esfuerzo por zafar, sólo les termina apretando la soga.