En el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, uno que se pavoneaba, cuando se juntó con Piñera, de luchar en contra de la corrupción, hoy aparece con 14 sociedades offshore. Tuvo que cerrarlas, no por voluntad propia, sino porque se aprobó una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. En ese país, la noticia ha reabierto las dudas en torno a Lasso y la oposición ha expresado que “es inquietante que el Presidente de la Nación conste como uno de los posible evasores internacionales junto a centenares de políticos que poseen ingentes fortunas en paraísos fiscales, con el objetivo de no pagar impuestos en sus países”. Si se probara que sigue manteniendo dinero en paraísos fiscales, la legitimidad de su cargo podría ser anulada, porque estaría violando las leyes. Lasso se explicó: no negó que hubiese tenido sociedades en paraísos fiscales, sino que es -todo lo contrario- uno de los mayores contribuyentes país. “En relación a Pandora Papers, cumplo con lo expuesto en la ley, todos mis ingresos han sido declarados y he pagado los impuestos correspondientes en Ecuador. Siempre con transparencia y frontalidad ante el pueblo ecuatoriano”.

El Presidente de República Dominicana, Luis Abinader, según los antecedentes, poseía dos sociedades en Panamá junto a sus hermanos. En el mismo caso del ecuatoriano, llevaba adelante una campaña contra la corrupción donde “predica con el ejemplo”. Han tratado de explicar su caso ante la ciudadanía, aunque no suene muy convincente. “Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales”.

En Chile, Piñera, ha tratado de asegurar que él no participó de ninguna operación, sino que fueron otros los que hicieron esos negocios en el extranjero y alude a la antigüedad del caso. “Mi familia y yo no tenemos empresas domiciliadas en el extranjero… soy inocente”. Plantea que no eludió el pago de impuestos y que todo está zanjado, pues ya lo investigaron. “Una acusación constitucional no tiene ningún fundamento”, expresa, tratando de tomar la iniciativa ante cualquier requerimiento que le hagan.

En general, todos los que aparecen en el caso Pandora Papers, lo que hacen es defraudar al Estado, no pagando sus impuestos, lo que es un delito, pero argumentan que ya no lo hacen más, entonces, deben ser perdonados porque eso ya pasó. En cualquier, país si una persona común y corriente, defrauda al Estado, lo menos que debe pagar son multas y hasta cárcel. Llama la atención, la gran cantidad de políticos que llevan el dinero a los paraísos fiscales para no pagar sus respectivos impuestos y cómo los mismos se yerguen en los adalides de la lucha en contra de la corrupción, pero cuando nadie los ve son los principales corruptos. Todos son unas blancas palomas, culpadas de hechos que caducos, son intachables, cómo se atreven a referirse a cosas que no vale la pena analizar, esa es la manera que se defienden de lo que hicieron, culpan al empedrado de sus caídas accidentales.

En el caso de Piñera se agrava, pues no sólo hace una transacción en el exterior, sino que la asocia a una decisión política, que no se aprobara una zona de protección ambiental, cuando ya llevaba nueve meses en el cargo. Esto es corrupción en cualquier país.

Lo que no cuenta Piñera es que su fideicomiso ciego sólo opera en Chile, y no en el exterior. Además, sacó otro argumento: su negocio sucio “ya era conocido por la opinión pública”. Por cierto, no porque él la hubiese informado, sino porque otra investigación periodística -que no contaba, como ahora, con los documentos y registros como prueba definitiva- lo había denunciado. De hecho, eso fue lo que motivó la investigación en su contra en 2016. En ella, sin embargo, no se tomaron en cuenta ninguno de esos antecedentes. El responsable de esas indagatorias tan flojas fue Manuel Guerra, el mismo fiscal que permitió que los culpables en el caso Penta -entre ellos la contraparte de la operación Dominga, Carlos Alberto Délano- pagaran sus delitos con clases de ética.

Queda claro: todos estos personajes operan en las sombras y cuando se revelan sus manejos, no se dan por aludidos. Se sienten con tanto poder, que nadie los puede derribar de los púlpitos desde donde predican que son buenos e intachables.

Otra vez, reiteramos que el único camino que puede acabar con toda esta corrupción es cambiar el sistema, pues todos están metidos: desde los que ostentan el máximo poder, hasta el que tiene el cargo más nimio. Cada día, es más prioritaria la necesidad de sacarlos, porque no se van a ir voluntariamente, sino que tratan de atraer a otros para incluirlos en sus turbiedades.

Sólo el pueblo puede acabar con este robo que hacen al Estado. Nadie más lo puede hacer.