Y tenía que salir. La masiva publicación de los llamados Pandora Papers sobre operaciones en paraísos fiscales incluye, entre otros gobernantes, a Sebastián Piñera. Los antecedentes muestran que el escandaloso manejo del proyecto Dominga iba en su directo beneficio monetario. Ahora piden que renuncie. De nuevo.
La revelación mundial está basada en la filtración de casi tres terabytes de documentos y bases de datos financieras y legales de paraísos fiscales. La investigación fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación e incluye a numerosos medios de prensa de todo el mundo.
Los nexos y operaciones financieras en empresas off-shore involucran a jefes de Estado como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, o el rey Abdulá II de Jordania.
Los datos sobre Piñera, sin embargo, son especialmente incriminatorios. No son nuevos en un sentido estricto. Ya se conocían sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein. También había noticias de cómo manejó su patrimonio luego de asumir el gobierno en 2010. Y también se publicó cómo Piñera, antes de asumir su segundo mandato, realizó una completa de reestructuración de sus activos, derivándola a una maraña de sociedades controladas ya no por él, sino por sus hijos y nietos, y el establecimiento de los llamados fideicomisos ciegos a cargo de corredoras de bolsa estrechamente ligadas a él.
Los Pandora Papers no hacen revelación alguna sobre los efectos de esa gran operación que busca cubrir bajo un manto legal el capital y los intereses financieros de Piñera, quien es dueño, además del gobierno, de uno de los principales grupos económicos del país.
Los detalles que se publicaron se refieren -más bien- a cómo se realizó el traspaso, en 2010, del proyecto minero Dominga al socio y amigo de Piñera, Carlos Alberto Délano, controlador del grupo Penta. Los documentos muestran que el pago por la participación de Piñera en el proyecto, por 138 millones de dólares de la época, estaba ligado a la condición de que no hubiera cambios regulatorios al proyecto de mina, relaves y puerto.
Y exactamente eso fue lo que cumplió Piñera, abusando de su cargo como presidente de la República. Presionó a los franceses de Suez a que abandonaran su propio proyecto en Barrancones, que chocaba con la realización de Dominga, e impuso la autorización ambiental, que ahora ha vuelto a la agenda.
El gobierno emitió un comunicado en que habla de los fideicomisos suscritos en sus dos mandatos, y que Piñera no administró ni sabía nada y que, por lo demás, ya fue sobreseído en una investigación en 2017, luego de una denuncia del diputado PC Hugo Gutiérrez, sobre los intereses de Piñera en Perú -al mismo tiempo en que Chile se enfrentaba con ese país por la delimitación de las aguas territoriales y las líneas de la zona económica exclusiva- y sobre su participación en Dominga.
Sin embargo, esa defensa no es suficiente ni plausible. Las indagaciones de la fiscalía fueron meramente formales, los jueces tomaron las declaraciones de los gerentes e hijos de Piñera como la verdad, y sus abogados ocultaron, justamente, las operaciones secretas realizadas en las Islas Vírgenes.
Y el argumento del fideicomiso ciego es, en general, pura basura, y en este caso, en particular, francamente imbécil.
“Es de público conocimiento que (…) en el 2010 [Piñera] hace un fideicomiso ciego. Luego, la venta de Dominga se produce el año 2010”, declaró el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, “con respecto al reportaje conocido hoy”. Pero no es un reportaje; “¡Piñera corrupto!” es el titular de todos los diarios del mundo. Y lo que dice “el reportaje” es que el negocio trucho se realizó en el exterior, en las Islas Vírgenes, donde el famoso fideicomiso no aplicaba, por decisión y diseño del propio Piñera, y fue firmado por Nicolás Nogueira, el hombre que maneja las cosas a Piñera. ¡Amigo, date cuenta!
Las revelaciones agitaron el ambiente político. Yasna Provoste pidió que Piñera de explicaciones, Kast que se investigue “urgentemente”, Boric promete “cambios en las políticas públicas” y en “lo ético”, si sale elegido, y Sichel, luego de que le volvió la internet, señaló “que se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”, en un curioso eco de la fórmula empleada por el propio Piñera para justificar sus negociados corruptos: “más allá de los requerimientos legales”. Sí, harto “más allá”.
Otros políticos amenazan con acusaciones constitucionales y vuelve a aparecer la palabra “renuncia”.
Pero ¿qué quieren que “explique” Piñera? ¿Qué se va a investigar? Si los hechos ya están investigados.
No hay nada más que decir sobre los hechos. Lo que importa es que consecuencias políticas y judiciales van a tener.
No. Todo esto es muy hipócrita. No andemos con cuentos.
Los que se hacen los espantados decidieron, para salvarse a ellos mismos, salvar a Piñera, cuando su destitución, renuncia o salida representaba una salida democrática a la crisis. Todos ellos, que ahora gritan, saben que es un corrupto, un ladrón y traidor a la patria. Saben que es el responsable de las muertes, de las torturas, del encarcelamiento de innumerables compatriotas que, en el dedo meñique, tienen más moral y virtudes cívicas que todos ellos juntos, y sus padres y sus hijos, sus amigos y vecinos.
Y los que eligen estar juntos -y defender- a los criminales deberán prepararse para rendir cuentas también por su conducta, cuando llegue el momento de la verdad y de la justicia. Mientras tanto, bien pueden ahorrarnos su fingida indignación.