El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez promulgó la ley que aumenta las penas a las personas que invadan tierras privadas. Esta ley es rechazada por las organizaciones que defienden la causa de los campesinos.
El Congreso de Paraguay aprobó una ley que busca penalizar la ocupación de tierras. Tanto la Cámara de Diputados como la del Senado, dieron su votó afirmativo, lo que significa que pueden recibir hasta 6 años por invadir el terreno y 10 años de cárcel por daños de bienes. Esta iniciativa estaba apoyada por sectores ganaderos y agrícolas. Como argumento de apoyo, desde las filas oficialistas defendían la ley “las invasiones son en la región oriental y el 50% de esas invasiones son en áreas urbanas. Los indígenas que se movilizan en Asunción son manipulados por sectores de izquierda y por parlamentarios que comulgan con ideales socialistas. Es el momento de dar tranquilidad al campo”.
Manifestantes contrarios a esta ley se reunieron en la capital, en las afueras del Congreso, pero fueron reprimidos por la policía. Lo que está en juego es quién es el dueño de las tierras, pues durante la época de la dictadura de Stroessner, hubo un robo por parte de los militares de las tierras de campesinos e indígenas, las que posteriormente fueron entregadas a terratenientes. Es así como está documentado que cerca de dos tercios de la tierra que se entregó durante la “reforma agraria”, se hizo beneficiando a personas cercanas al régimen de Stroessner.
Como en tiempos pretéritos, los legisladores paraguayos blindan y protegen a los terratenientes, y castigan al pueblo. Pues atacan a los campesinos que ocupan temporalmente los terrenos para reclamar la titularidad, de manera que se tenga presente cómo llegaron al poder de los actuales dueños. Como lo indican los dirigentes indígenas “nosotros no somos invasores, ellos son los invasores”.
La diferencia abismal entre los que detentan la propiedad de la tierra en Paraguay, se puede ver en que un 85% de las tierras productivas pertenece a un 2,5%, es decir a 7478 personas. En cambio, 260.000 familias tienen el 4,12% de los terrenos.
En Paraguay, la clase burguesa trata de obtener los máximos dividendos y adueñarse de todo, y lo hace a través de sus políticos corruptos. El mismo presidente es hijo del secretario personal del dictador Alfredo Stroessner, lo que indica claramente cuáles son los paradigmas de este político del partido colorado.