Las sucesivas olas de migración a Chile comenzaron durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En vuelos nocturnos, miles de personas procedentes de Haití llegaban al país. Existía una compleja red, compuesta por funcionarios estatales, agencias de viaje y enganchadores, que lucraban la necesidad de trabajar y la promesa de una vida mejor.
Piñera llega al gobierno con un discurso anti-inmigración; decía que quería “poner la casa en orden”. Promovió la persecución, bien publicitada, en contra de ciertos grupos nacionales, mientras se promovía la entrada de otros. Comunicó que los venezolanos serían bienvenidos en Chile, que se les daría, incluso, una “visa de responsabilidad democrática”, puesto que serían perseguidos por el régimen de Maduro.
Apareció junto al gobernante de Colombia, Iván Duque, en Cúcuta, en la frontera, en un afiebrado intento de provocar un golpe militar en Venezuela. Allí reiteró su promesa a que Chile recibiría a más migrantes.
Las cifras que publica el gobierno y las que maneja el Servicio Jesuita a Migrantes discrepan. Los últimos estiman en 2021, hasta julio, entraron 23.000 personas. El gobierno que fueron sólo 7.000 por la frontera norte.
Durante el período de pandemia, con las restricciones generales impuestas, quedó en evidencia, que la migración es flujo que, en los hechos, más allá de las normas legales, se regula. Hay períodos en que las fronteras se cierran y otros, en que se abren.
Y ahora último han estado abriendo. Las escenas patéticas en Iquique, con el desalojo de la Plaza Bolívar, son la consecuencia de esas decisiones. La reacción es cruel y cínica. Centenares y miles de personas deambulan por distintas ciudades del país, sin tener a dónde ir, condicionadas por trámites que se aceleran o retrasan a gusto.
Y de cada tanto en tanto, expulsan a grupos de migrantes. Los denigran al ponerles un buzo blanco, los exponen como si fueran delincuentes peligrosos, como lo hicieron los estadounidenses en Guantánamo.
Primero invitan, y después los echan.
El problema de la migración no es nuevo. De hecho, no se relaciona, simplemente, con el empeoramiento de las condiciones de vida de un país y con la mejor situación económica de otro.
La migración es empleada por la burguesía como un arma en la lucha de clases. En la medida en que los trabajadores chilenos han fortalecido su posición, no aceptan los sueldos de hambre con los que se sustentan las ganancias en muchos sectores.
Ya en 2011, un empresario visionario, “Fra Fra” Errázuriz, trajo a 54 paraguayos para trabajar en su campo de Peralillo. Los trataba como esclavos. Al final fue descubierto, pagó una multa y se declaró “enajenado mental” para no ser formalizado por trata de personas (y por otras estafas).
Los empresarios han ido perfeccionando los mecanismos de traer mano de obra barata a Chile. Primero, fue para empleos con menor calificación, en el campo y en la construcción. Luego, se extendieron a otras áreas de la economía, especialmente el comercio y los servicios.
En la actualidad, subsiste la presión de la burguesía por permitir el ingreso de migrantes, aunque esto signifique problemas políticos y sociales, como en Colchane, Iquique, Arica o Antofagasta.
Los representantes de los gremios empresariales, una y otra vez, afirman que los chilenos no quieren trabajar, que “son flojos”, que quieren que “les den todo”. El mismo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, planteaba que hay empresas que les falta personal. Lo mismo repetía otro empresario, Ricardo Ariztía, cuando era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Las desavenencias y conflictos entre los migrantes y la población nacional son atizadas por esa misma clase poseedora. Primero, los empresarios levantan los discursos racistas en contra de los propios chilenos y, después atizan el racismo en contra de los migrantes.
Ese es el mecanismo mediante el cual quieren debilitar a la clase trabajadora en su conjunto, sin importar su origen nacional: extender las condiciones precarias de vida para grandes sectores de trabajadores, fomentar la división y acrecentar un “ejército de reserva” de cesantes. El resultado de ese procedimiento es un aumento general de la explotación, que es la fuente de sus ganancias.
El Estado es, en ese afán, su instrumento dócil. Para eso lo tienen.