Todo iba bien, hasta que llegó el covid. El convencional César Valenzuela, un antiguo operador político de Camilo Escalona en el PS y, más antiguo aún, dirigente de los secundarios, lo tiene. Además, aparecieron varios funcionarios contagiados.
Eso interrumpió el ritmo de la operación, que avanzaba, no hay otra forma de decirlo, como máquina. Para la votación en particular del reglamento obligaron a los constituyentes que participan por vía telemática a que usaran la aplicación de votación electrónica que tienen en sus teléfonos. Con eso, cada votación no dura más de un minuto. Previamente, muchos aducían que “no funcionaba”, cuando, en realidad, se habían olvidado de la clave, y retrasaban todo, porque había que llamarlos uno a uno.
El reglamento se vota artículo por artículo e indicación -o sea, propuestas de modificaciones al texto del proyecto- por indicación. Hay muchos artículos y más de mil indicaciones.
Y hay un patrón. La derecha pide que se cambie una palabra por otra, que ponga expresamente que la fuerza pública puede desalojar las tribunas en caso de un desorden, que se saque el término “plurinacional” cada vez que aparece, que se ponga “República de Chile”, que todo sea con dos tercios, etc. En el fondo, son pequeñas provocaciones, destinadas a ser rechazadas y a provocar polémica y que no sea tan obvio que el reglamento mismo ya está acordado y no se toca.
El “nuevo centro”, Frente Amplio y ex-Concertación, no roza el proyecto ni con el pétalo de una rosa: en un artículo propone cambiar el verbo “deberá” por “procurará”; pequeños, mínimos, detalles para que, de nuevo, no sea tan obvio.
Lo que sí hicieron fue revertir, en conjunto con la derecha, algunas concesiones que ya habían otorgado a los sectores más de izquierda e independientes. Por ejemplo, que no se sumaran las abstenciones a la votación, un mecanismo predilecto para rechazar iniciativas molestas, sin tener que asumir la responsabilidad política por su voto.
Y ese último sector -el PC, la antigua Lista del Pueblo, otros constituyentes independientes y los escaños indígenas- intenta imponer un quórum de 3/5 para la aprobación de las normas, en vez de los tercios; mecanismos vinculantes de participación de la ciudadanía, y otras medidas.
Todavía no se han visto todas, ni mucho menos, porque la máquina se detuvo en seco. Pero las que se sometieron a votación, fueron rápidamente rechazadas por el pacto del “nuevo centro” y el pinochetismo. Sin sobresaltos, sin discusión.
Pero una enmienda rompió la regularidad de la operación. La máquina empezó hacer ruido, salió humo del tubo de escape y la actitud del “nuevo centro” pasó de la quietud pasivo-agresiva a una franca furia y desesperación.
Se trata de la indicación número 80, en que se propone agregar lo siguiente al párrafo de los derechos y deberes de los constituyentes: “deberán firmar todos los formularios, autorizaciones y documentos necesarios ante todos los bancos en que mantengan operaciones financieras y captaciones de cualquier naturaleza, con el fin de levantar el secreto bancario para que las instituciones fiscalizadoras correspondientes puedan monitorear constantemente sus operaciones bancarias, en concordancia con el principio de probidad y transparencia que rige el quehacer ético de las y los constituyentes.”
En el momento, ni se notó. La propuesta fue rechazada por goleada: 86 votos contra 65.
Pero después, quedó la grande. La derecha y Concertación están acostumbrados a estas cosas; no dijeron ni pío.
Pero los convencionales del Frente Amplio, un poco más novatos, se sentían entre la espada y la pared. “Ezto no ez la forma”, deben haber pensado.
¡Levantar el secreto bancario es una violación a los derechos humanos! exclamaron, enfurecidos. ¡Es lo mismo que detención por sospecha! ¡Es aceptar que la policía entre a tu casa a allanarla porque sí! ¡Es to-ta-li-ta-rio! ¡El gobierno va a usar la información en contra nuestra!
El escritor y constituyente Jorge Baradit, que había patrocinado la enmienda, tuvo que votar en contra de su propia indicación. Según él, le explicaron que lo que él había propuesto, en realidad, era malo, muy malo.
Ya se ve cuáles son las prioridades que primarán y qué “derechos” serán los protegidos en la próxima constitución, fabricada por el pinochetismo y la Concertación zombie.