La decisión de los tres ministros y varios altos funcionarios de entidades estatales rompe el shock que sufrió el oficialismo tras la derrota en la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una especie de pre-elección de los comicios legislativos de noviembre próximo.

La dimisión, en bloque y sin advertencia previa, fue vista como una medida de fuerza de la vicepresidenta Cristina Fernández, que había exigido un cambio de rumbo en el gobierno tras el fracaso electoral. El mandatario, sin embargo, se había resistido a actuar. En la noche del domingo pasado, sólo había concluido que “algo habremos hecho mal”, tras el retroceso del oficialista Frente de Todos en las principales agrupaciones electorales del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández había sido designado, en 2018, como candidato presidencial por la propia Cristina Fernández, que justificó su propio “renunciamiento” con la necesidad de conformar una coalición amplia de todas las fuerzas peronistas.

El gobierno de Alberto Fernández enfrenta las secuelas de la pandemia, una crisis económica y las negociaciones con el FMI sobre la deuda externa monumental, acumulada durante el período de Mauricio Macri, que deberían concluir en los próximos meses.

De hecho, la primera interpretación de los observadores locales sobre la renuncia masiva de ministros fue que la medida buscaba forzar la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lleva las tratativas con los acreedores externos.

Posteriormente, se informó que la propia Cristina se había comunicado con Guzmán para desmentir esa versión y que habrían acordado reunirse en los próximos días.

Tanto la derrota electoral como la crisis política subsiguiente demuestran las limitaciones de los gobiernos de inspiración reformista en la América Latina actual. Por lo pronto, refleja el fracaso del plan de delegar la conducción política: claramente, la que única que puede dirigir al peronismo es Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, en los dos últimos años, han sido los trabajadores los que han debido sostener los costos y los sacrificios del deterioro económico y social del país.

Así, el proyecto de revivir un equilibrio entre las clases fundamentales, concretamente, los trabajadores y determinados sectores del capital interno y externo, mediante políticas de índole “nacional y popular”, no tiene un margen para realizarse en la actual crisis.

En la América Latina de hoy, sólo gobiernos basados en los intereses de los trabajadores, que sigan una política clara para enfrentar la crisis, pueden tener la fuerza suficiente para dirigir los países. Es una lección que han ido aprendiendo -y seguirán recibiendo- todos los gobiernos de la región, sin importar su orientación política.